La periodista Evelyn Abreu hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que se complete, con carácter de urgencia, la implementación de la Ley 25-26, que crea el Sistema Nacional de Alertas para la búsqueda de personas desaparecidas, denominado “Alertas RD”.
El llamado de la investigadora especializada en desapariciones y derechos humanos, y presidenta de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade) se produce luego de la publicación de la noticia de elCaribe: “Vence el tiempo: el PE no tiene reglamento de ley desaparecidos”, publicada el pasado 17 de septiembre, la cual destaca que el Poder Ejecutivo dejó vencer el plazo de 90 días establecido por la propia legislación para la elaboración de su reglamento de aplicación.
De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 25-26, el presidente de la República debía dictar dicho reglamento dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de la norma.
“No estamos hablando de un trámite administrativo cualquiera. Estamos hablando de una legislación concebida precisamente para que el Estado pueda responder de manera inmediata ante la desaparición de una persona. Cada día que se retrasa su implementación representa una oportunidad que se pierde para fortalecer la búsqueda y la protección de las víctimas y sus familias”, afirmó Abreu mediante una nota de prensa remitida a este medio.
La Ley 25-26 fue promulgada en junio de 2026 y publicada posteriormente en la Gaceta Oficial. El plazo de 90 días para la elaboración de su reglamento venció el pasado 9 de septiembre, sin que, hasta la fecha, se haya completado esta disposición reglamentaria.
Para Abreu, la situación requiere una respuesta institucional clara porque la propia legislación reconoce que la desaparición de personas exige una actuación inmediata, efectiva y coordinada del Estado.
“El Estado dominicano ya dio un paso importante al aprobar esta legislación. Ahora corresponde convertir ese mandato legal en una herramienta que funcione en la práctica. Una ley que crea un sistema de respuesta para personas desaparecidas no puede quedarse esperando su reglamento mientras las familias continúan enfrentando incertidumbre, angustia y obstáculos para lograr una respuesta inmediata”, sostuvo.
Los procesos de búsqueda de los desaparecidos
Desde su experiencia al frente de Asodofade, organización que acompaña a familiares de personas desaparecidas, Abreu ha podido documentar de primera mano las dificultades que enfrentan las familias durante los procesos de búsqueda.
“Lo que ocurre en las primeras horas puede ser determinante. Por eso no podemos normalizar las demoras ni permitir que las familias tengan que convertirse en las principales impulsoras de la búsqueda de sus seres queridos. La responsabilidad de garantizar una respuesta diligente corresponde al Estado”, expresó.
La Ley 25-26 establece que el sistema deberá permitir la activación de alertas especializadas de acuerdo con las características y condiciones de vulnerabilidad de la persona desaparecida. Entre ellas se encuentran las alertas Amber, para niños, niñas y adolescentes; Silver, para adultos mayores de 65 años; Azul, para personas con discapacidad; y Rosa, para mujeres víctimas de violencia de género o trata de personas.
Debe ser asumido como prioridad política pública
Evelyn Abreu considera que la implementación del sistema debe ser asumida como una prioridad de política pública y de protección de derechos humanos. “El país no necesita solamente una ley sobre desapariciones; necesita que esa ley funcione. Necesita protocolos claros, instituciones coordinadas, personal capacitado, mecanismos de activación inmediata y una respuesta que no dependa de cuánto pueda insistir una familia”, señaló.
