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Como una forma de determinar que la voluntad de las víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar y de género no se encuentre viciada a la hora de firmar acuerdos, el Poder Judicial dispuso que los jueces deberán requerir una evaluación de su estado psicológico.

Mediante este examen el magistrado que conoce el caso podrá verificar las circunstancias bajo las cuales la víctima ha otorgado el consentimiento, a fin de verificar si ha existido coacción, presión o manipulación.

En la “Guía de buenas prácticas para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género para jueces, juezas y servidores judiciales”, que se puso a circular ayer, se establece que esa disposición está basada en el artículo 37 del Código Procesal Penal.

Asimismo, la guía explica que en los casos de acuerdos el juez debe también constatar, además de los requisitos formales establecidos en la normativa procesal, la presencia de la víctima, la cual constituye una condición indispensable y necesaria para evaluar la posibilidad de un acuerdo, por lo que se debe requerir su comparecencia.

También los jueces deben confirmar que alguna persona cercana a su entorno conoce de la realización del acuerdo, de manera que esté en condiciones de opinar al respecto.

Igualmente, debe de ordenar un estudio socioeconómico del contexto familiar de la víctima, a cargo de un trabajador social para verificar patrón de conducta violenta y posibles secuelas en las victimas directas e indirectas, a fin de evaluar el impacto de este acuerdo.

Esta herramienta, que contempla otros puntos, fue elaborada por la Comisión para Igualdad de Género del Poder Judicial, que además, abrió un portal de consulta ciudadana, con la finalidad de brindar mayores garantías a la integridad de las víctimas de violencia.

Las magistradas Sarah Veras, Ysis Muñiz, Kenya Romero y Gisselle Méndez, trabajaron en la producción del documento. El presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, indicó que la guía es una herramienta que dispone garantías procesales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Puede acceder a la consulta pública y la Guía a través de la página web de la institución.

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