El asesinato de Chantal Jiménez por su expareja, que días antes había intentado asesinarle, sumado a otras ocurridas recientemente, demanda que, el Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional implementen acciones correctivas que garanticen la efectividad de la Orden de Protección y las Medidas de Coerción impuestas a los agresores para garantizar la vida de las víctimas que les denuncian, expresó el exfiscal José Manuel Hernández Peguero.
“Sugiero que, el juez que impone la medida de coerción designe al comandante del destacamento policial más cercano a la víctima para que vigile el cumplimiento por el agresor de las prohibiciones que se le imponen de molestar, acercarse o amenazar a la víctima” dijo Hernández Peguero.
El exfiscal Hernández Peguero cuestionó la actuación del fiscal del caso de Chantal Jiménez y reclamó de la Procuraduría General de la República una investigación, ya que no se justifica el no haber solicitado y logrado la prisión preventiva del agresor cuando días antes fue apresado por el disparo que le realizó, mucho menos que no fuese despojado de su arma de fuego.
“Hace 12 años el Senado de la República aprobó una iniciativa nuestra, introducida por el senador Reinaldo Pared Pérez que, además de facilitar el acceso de la mujer a la justicia, procuraba garantizar la efectividad de la Orden de Protección, pero dicho proyecto de ley perimió en la Cámara de Diputados”.
“Los jueces que conocen la solicitud de medida de coerción contra los agresores pueden, en cumplimiento a los principios de razonabilidad y eficacia de los procesos y sus decisiones, requerir antes de dictar sus sentencias los informes de los profesionales de la conducta que han evaluado la peligrosidad del agresor” expresó el exfiscal José Manuel Hernández Peguero.
Dijo que “La inefectividad de la Orden de Protección, además del desenlace trágico que resulta por la muerte de la víctima, trae consigo la pérdida de confianza por las mujeres en el sistema de justicia y sus funcionarios, aumentando con esto el riesgo que corren por la no intervención de las autoridades, cifra que resulta muy alta por diversos motivos”.
