Los movimientos Ríos Vivos Antioquia y Víctimas de Crímenes de Colombia, participaron ayer en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para exigirle al Estado colombiano que proteja las pruebas de las desapariciones forzadas.
La integrante del Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, Isabel Zuleta, explicó que denunciaron ante la CIDH la construcción de la hidroeléctrica más grande de Colombia, Hidroituango, que se edifica sobre un territorio en el cañón del río Cauca en el Departamento de Antioquia y en donde se presume hay evidencias sobre desapariciones forzadas.
“Son 73 masacres, ninguna esclarecida y nos dicen que esta hidroeléctrica va a traer desarrollo, pero cuál desarrollo si nosotros lo que necesitamos es saber la verdad y que se haga justicia”, cuestionó.
La activista social, agregó que en Colombia se quiere hablar de postconflicto, pero no hay manera de saber la verdad si la pretenden inundar. “No hay manera de que la comisión de la verdad pueda decir algo, si van a inundar las evidencias de lo que nos ha ocurrido y si las están destruyendo”, expresó.
También en la jornada de ayer, la sociedad civil argentina, representada por Amnistía Internacional, pidió a la CIDH que les acompañe en el proceso legislativo sobre la despenalización del aborto.
Frente a esto los representantes del Estado argentino señalaron que están trabajando “para que todas las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales previstas por la ley, en todas las provincias.
“Todas las voces son escuchadas y respetadas en el debate y serán los representantes del pueblo en el Congreso quienes tomen la decisión sobre despenalización del aborto”, resaltaron.
Por último, la comisionada de la CIDH, Flávia Piovesan, destacó la importancia de impulsar la despenalización del aborto en la agenda legislativa de Argentina y añadió que este precedente marcará la agenda de salud pública para toda la región.
