Exigen frente al Congreso un Código Penal con las tres causales

La coalición de mujeres se pronunció al conmemorarse hoy los 10 años de la muerte de “Esperancita”

Exigen frente al Congreso un Código Penal sin las tres causales
Exigen frente al Congreso un Código Penal sin las tres causales

Santo Domingo – Con las consignas “La ley dominicana le causó la muerte”, “Por un Código Penal que respete las mujeres” y “Las causales salvan vidas” varias organizaciones y colectivos sociales se apostaron este miércoles frente al Congreso Nacional, al conmemorarse hoy el décimo aniversario del fallecimiento de la joven Rosaura Almonte Hernández.

La Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres se pronunció pasadas las 11:00 de la mañana, advirtiendo del peligro que representa para las mujeres y las niñas la prohibición del aborto en todas sus circunstancias, incluso para salvar sus vidas.

En el acto estuvieron presentes cuatro diputados y las familias de otras tres mujeres que, al igual que “Esperancita” también fallecieron por la falta de acceso a una interrupción del embarazo.

Los manifestantes reiteraron el llamado al presidente Luis Abinader, a cumplir su palabra de apoyar un proyecto de Código Penal que sí garantice los derechos y a no dejar que el caso de Rosaura Almonte Hernández quede impune ante la justicia dominicana.

Se recuerda que Rosaura Almonte Hernández, conocida como “Esperancita”, falleció a sus 16 años, luego de ser diagnosticada con leucemia y de que se le negara la quimioterapia porque estaba embarazada.

Al agotar un turno y recibir una misiva de manos de Rosanna Almonte, madre de Esperancita, los diputados Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, José Horario Rodríguez, Pedro Martínez y Carlos Sánchez (este último miembro del Parlacen) reiteraron su apoyo a las tres causales y el continuar en defensa de los derechos de las mujeres.

En la carta, la coalición de mujeres advierten sobre el costo de mantener penalizado el aborto y citan los casos de Rosaura Almonte Hernández (“Esperancita”, 2012), Damaris Mejia (2012), Carmen Dionelys Martínez Bonilla (2018) y Winifer Nuñez Beato (2021).

Tanto Almonte como familiares de otros casos semejantes se han sumado al movimiento de mujeres que desde hace más de 20 años han luchado por la aprobación del aborto en tres causales: en casos de violación o incesto; en casos de inviabilidad fetal; y cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de las mujeres y las niñas.

“Después de la muerte de mi hija, otras mujeres jóvenes han fallecido en circunstancias parecidas. Es indignante que la historia se repita. Es cruel que más familias pierdan a sus hijas, hermanas y sobrinas por una ley que en vez de salvarlas, las condena. Pero no me voy a rendir. En memoria de mi hija, seguiré alzando mi voz hasta que las tres causales sean aprobadas en el Congreso”, aseguró la madre de Esperancita.

El Congreso Nacional tiene pautado aprobar en esta legislatura el proyecto de ley del Código Penal, el cual no contempla las tres causales.

Caso de “Esperancita”, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Además de sumarse a las voces que actualmente piden un Código Penal moderno que proteja los derechos de las mujeres, Rosa Hernández sigue buscando que la justicia dominicana aclare los hechos que rodearon la muerte de su hija, sancione a los responsables y se adopten los cambios estructurales necesarios para evitar que situaciones como la de su hija se repitan en el país.

En 2013, Rosa Hernández, representada por Women’s Link Worldwide, inició dos procesos judiciales en República Dominicana. Una querella penal, que continúa en etapa inicial y en la que aún no tienen acceso pleno al expediente. Y otro proceso que busca determinar la responsabilidad patrimonial del Estado, en cabeza del Ministerio de Salud, por la muerte de Rosaura.

Este último fue reiniciado en julio de 2022 ante el Tribunal Superior Administrativo que ordenó la reapertura de la etapa probatoria y méritos, luego de una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró procedente un recurso de casación interpuesto por las representantes de la señora Hernández tras obtener una decisión desfavorable, y que no estuvo debidamente motivada, del recurso interpuesto en 2013.

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