El experto en Derecho Constitucional, John Garrido, aseguró que el acuerdo entre Odebrecht y el Estado dominicano no requiere ser validado, homologado o garantizado por un juez.
Indicó que las figuras de la homologación y de la validación no existen en materia penal en el ámbito jurídico dominicano y que son procedimientos que no están prescritos en el Código Procesal Penal que rige en el país.
“En cambio, la conciliación y la figura del resarcimiento son instituciones penales que se materializan entre las partes y fuera del alcance del juez”, dijo.
El jurista considera que incurrir en la práctica de homologar acuerdos en sedes penales se constituiría en una mala práctica penal y viciaría los procedimientos y aclaró que “afortunadamente esas situaciones no existen en la realidad penal dominicana”.
Garrido precisó que si la PGR accede a las presiones para enviar el acuerdo ante un juez, incurriría en un error de enorme magnitud.