Falta de cifras de presos en libertad condicional revela falla estructural en el PJ

Abogados advierten que el Estado dominicano implementa políticas criminales a ciegas, sin estadísticas de personas liberadas con condiciones y permisos revocados

Keren Lucas
Especial para elCaribe

El hecho de que el Poder Judicial admitió no poseer los datos estadísticos sobre cuántas personas ha sacado de la cárcel mediante concesiones de libertad condicional, medio libre u otras modalidades de cumplimiento de la pena, “no revela un vacío normativo, ni una limitación legal legítima, sino una falla estructural en la implementación del modelo de ejecución penal previsto en la Ley 113-21, que debilita la transparencia, el control judicial y la finalidad resocializadora de la pena” —advirtió la jurista Anny Guzmán.

La comunidad jurídica calificó de vergonzosa y preocupante que el PJ no tenga los datos de las personas beneficiarias con alguna de las modalidades de cumplimiento de pena, como informó la Oficina de Acceso a la Información Pública a CDN canal 37, tras solicitar las estadísticas de cuántas personas cumplen con una libertad condicional, medio libre o pena suspendida, y cuántas han sido revocadas en el último año, para el reportaje “La vida después de la cárcel: las dos caras de la reinserción social”.

Abogados penalistas advierten que no tener una cuantificación de las personas que salen de la cárcel y se reinsertan a la sociedad de manera exitosa y los que han incumplido con las condiciones impuestas por los diversos jueces de Ejecución de la Pena en el país, y que originó la revocación de sus libertades, significa que el Poder Judicial y demás organismos encargados no tienen una base sólida y fehaciente para diseñar la política criminal del Estado.

Y que, además, desconocen qué tan efectivo o no es el tratamiento de rehabilitación en los recintos penitenciarios, a partir del número de personas que vuelven a prisión después de no haber cumplido con las reglas.

Guzmán, quien se desempeña como abogada litigante, explicó que el artículo 21 de la Ley 113-21, al regular el sistema penitenciario progresivo y las medidas alternativas, exige evaluaciones constantes sobre el comportamiento y la evolución de la persona condenada.

“Evaluar implica medir, y medir requiere información. Sin estadísticas sobre cumplimiento, incumplimiento y revocaciones, el sistema progresivo queda reducido a una formulación meramente declarativa”, relató.

“¿Cómo se puede diseñar una política criminal seria a ciegas?” preguntó el jurista Julio Cury, quien coincidió con su homólogo Juan José Eusebio, el cual afirmó que “tanto el Poder Judicial como los encargados de la política criminal del Estado, en este aspecto, podrían estar trabajando a ciegas, o sin una planificación adecuada, o dejando la situación de forma discrecional a los distintos actores del proceso”.

Eusebio añadió que, con esa información, se podrá medir la incidencia de este tipo de flexibilizaciones de cumplimiento de la pena. Saber si conviene aumentar o reducir las concesiones.

Sugirió que con una estadística, control y política adecuada podría dar excelentes resultados. “¿Pero cómo poder evaluarlo sin datos? Imposible”, enfatizó.

Refirió, además, que manejar el número de personas liberadas bajo condiciones antes de la totalidad de la condena también es responsabilidad de la Procuraduría General de la República y el recién creado Ministerio de Justicia.

No se trata solo de números, sino de la demostración de una incompetencia para cumplir con la Ley, como indica Guzmán:

“El artículo 3 de la Ley 113-21 establece como fines del sistema penitenciario la ejecución efectiva de la pena, la rehabilitación y la reinserción social. Tales fines suponen mecanismos de control y evaluación, los cuales resultan inviables si el Estado no cuenta con registros claros sobre cuántas personas se encuentran bajo estas modalidades y en qué condiciones cumplen la sanción”.

Juez de ejecución supervisa

Anny Guzmán explicó que el Juez de Ejecución de la Pena tiene la función de supervisar el cumplimiento de las sanciones y controlar las condiciones de las medidas alternativas y que esa función jurisdiccional presupone la existencia de registros institucionales, puesto que no se puede supervisar ni controlar lo que no está debidamente documentado.

Su homólogo Robinson Reyes calificó la falta de registros como preocupante, al señalar que, pese a que un gran número de liberados cumpla con los parámetros que les ordenan los diferentes tribunales, “el Poder Judicial debería tener conocimiento si al menos un 10% no acata las condiciones, de manera que el juez control les revoque el permiso, porque esto quiere decir que el proceso de rehabilitación o de reinserción en ellos no ha surtido efecto, o ellos no han querido acogerse a esa modalidad que tanto beneficio puede dar a los liberados y a su familia”.

Contrario a los profesionales del derecho citados, Carlos Balcácer afirma que no debe llamar a preocupación la falta de datos, asegurando que un alto grueso de reclusos alcanza el 90% de la condena. Citó el caso de uno de sus defendidos (cuyo nombre no reveló), sentenciado a 30 años en prisión, de los cuales ha cumplido 28, y pese a tener 75 años de edad, no ha logrado su excarcelación. “Estoy seguro de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Luis Henry Molina, con la capacidad gerencial que ha demostrado, va a resolver ese problema”.

Prueba

La libertad condicional es un régimen establecido en la Ley 164-80 bajo el cual los jueces de Ejecución de la Pena sujetan a los internos que han cumplido la mitad de la condena a condiciones, con el propósito de reincorporarlos a la sociedad tras agotar un proceso de evaluaciones, estudios educativos y técnicos, presentación de un garante, aprovechamiento del tiempo en prisión para educación, presentación de un garante, entre otros factores.

Pese a las similitudes en los requisitos para obtenerlo, el medio libre, amparado en la Ley 113-21, es un permiso que se obtiene para fines laborales, educativos, familiares, sociales, de salud, entre otros, después del cumplimiento de un cuarto de la pena si la condena es mayor a cinco años; si es menor a cinco años, tras cumplir una primera parte.

En cambio, la suspensión condicional de la pena es una facultad que otorga el artículo 341 del Código Procesal Penal a los jueces de fondo, para decidir si quienes son declarados culpables van o no a prisión, tomando en cuenta si no es un delito grave.

Estas tres modalidades de cumplimiento de la pena se otorgan imponiendo la obligación de cumplir con condiciones que van desde firmar el registro todos los meses, dedicarse a un oficio, no acercarse a las víctimas, no portar armas de fuego, entre otras.

El cumplimiento de esas condiciones permite a los jueces control, y a la Dirección de Prisiones como ente supervisor, determinar qué tan comprometida está la persona liberada con no volver a delinquir. Si no cumplen, regresan a prisión.

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