“Todo se reduce a un tema que crea conflicto entre las autoridades de los municipios y la facultad de definir el uso de suelo que tendrían los distritos municipales”, así introdujo la senadora Faride Raful su explicación en torno a las discusiones que ha generado la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Esto a sabiendas de que la presidenta de la comisión bicameral que trabajó la pieza y un grupo de legisladores votaron en contra de la iniciativa en esa sesión, disgustados con la modificación que sufrió en la Cámara de Diputados (CD), sumándose otros sectores a este descontento.
Al conversar con elCaribe para arrojar luz al tema, la senadora perremeísta detalló que la comisión bicameral asumió el criterio establecido en la reforma electoral de 2019 (aplicada en 2020), donde las autoridades de los distritos municipales son electas de forma directa y no son subordinadas a la de ningún municipio cabecera. Asunto que, según Faride, los municipios desfavorecen.
De acuerdo a la congresista, por influencia de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la Cámara Baja eliminó esa facultad en el proyecto de ley, “tratando de buscar un punto medio” y diciendo que los “gobiernos locales” (no sólo distritos) que tengan menos de 15 mil personas, se adhieren a lo que determinen los municipios cabeceras. Ahí radica el conflicto.
“Eso fue presión de Fedomu, que intentó hacerlo en el Senado, y no pudo”, denunció.
¿Qué dice la iniciativa?
Faride Raful se refirió al artículo 24 que agregó la Cámara Baja a la legislación consensuada en la comisión bicameral y sancionada en el Senado. Este artículo habla del planeamiento urbano.
La reforma planteada por los diputados y que ya es ley, establece que los gobiernos locales que cuenten con la capacidad productiva, económica y de recaudación en su demarcación “con una población mayor a 15 mil habitantes” conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010, gestionan y autorizan el uso de suelo, a través de la oficina de planeamiento urbano creada para tales fines, y en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para el ordenamiento territorial.
El párrafo dos señala que los gobiernos locales “que no cuenten con esta condición”, realizan la gestión “en acuerdo con el municipio al que corresponde su demarcación territorial”. Dice, además, que la Liga Municipal Dominicana (LMD) sirve como canal de mediación entre los gobiernos locales, en caso de ser necesario a solicitud de una de las partes.
“¿Tú sabes la cantidad de municipios que tenemos con menos de 15 mil habitantes? Una locura.
Entonces, ese municipio también tendrá que irse a otro cercano, que decidirá por él, en su territorio…
¿Dónde está el poder de delegación de soberanía popular que hace el electorado sobre su representante?”, cuestionó Raful, quien dijo que Alfredo Pacheco, presidente de la CD, no consensuó con ella el cambio introducido.
La oficialista defendió el trabajo de la comitiva a cargo, al ponderar que esa ley se estudió por dos años de manera exhaustiva y revisada tres veces “artículo por artículo”, con observaciones y discusiones fuertes.
El proyecto de ley de ordenamiento territorial fue aprobado primero en el Senado, luego en la CD con modificaciones y volvió a la Cámara Alta, donde fue ratificado.
La modificación generó descontento de sectores
Los cambios introducidos a la iniciativa y su conversión en ley generaron reacciones de disgusto en sectores. Marcos Barinas Uribe, arquitecto y planificador urbano, fue uno de los que se quejaron. “Hoy se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial.
Aunque debería celebrarlo, no lo haré, porque una vez más los congresistas, irresponsablemente, modificaron en días lo que a los técnicos les toma años estructurar.
Pero tenemos ley”, escribió en su cuenta de Twitter. En tanto, el diputado Máximo Castro (PRSC), proponente de la ley junto a los senadores Ricardo de los Santos (PRM) y Félix Bautista (PLD), aseguró que no importan las modificaciones, ya que se hicieron con la intención de mejorarla. “Lo importante es que ya tenemos una Ley de Ordenamiento Territorial”, argumentó.
La iniciativa tiene por objeto establecer los principios rectores del ordenamiento del territorio hacia la consecución de objetivos de interés nacional; así como crear el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso del suelo, a partir de la adaptación al cambio climático, los desequilibrios y desigualdades territoriales, la sostenibilidad ambiental, la gestión integral de riesgos, la competitividad económica y la calidad de vida de la población.
