El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, señaló la necesidad de reformar la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos en la República Dominicana, promulgada en el año 2002.
Según la fundación, aunque la ley estableció el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR) y definió responsabilidades institucionales, su enfoque principal en la respuesta a emergencias limita su vigencia ante algunos escenarios de riesgo.
Finjus indica que la Ley 147-02, si bien fue pionera al incorporar la responsabilidad compartida, no integra plenamente la reducción del riesgo, la adaptación al cambio climático ni la continuidad operativa de servicios esenciales. Además, la fundación advierte que la ley no establece mecanismos claros para la incorporación del análisis de riesgo en la planificación del desarrollo ni exige evaluaciones de riesgo obligatorias en proyectos de inversión.
“La Ley 147-02 fue pionera en su momento, al establecer un sistema nacional de gestión de riesgos que incorporó un enfoque de responsabilidad compartida entre instituciones gubernamentales y actores de la sociedad civil. No obstante, su contenido refleja una visión centrada en la respuesta a emergencias, sin integrar plenamente los componentes de reducción del riesgo, adaptación al cambio climático ni continuidad operativa de servicios esenciales”, dice el comunicado.
No contempla desastres ambientales
El vicepresidente destacó, además, que la legislación actual no contempla amenazas como ciberataques o la gestión de pandemias, como se evidenció con la COVID-19. Asimismo, señaló la ausencia de un enfoque sistémico para desastres ambientales complejos y la carencia de una clasificación moderna de amenazas multicausales y sistémicas.
Está la necesidad de una nueva ley preventiva
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Plantea la necesidad de impulsar una reforma legislativa o una nueva ley marco con un enfoque preventivo, descentralizado y transversal, que fortalezca los gobiernos locales, promueva la participación ciudadana e incorpore instrumentos financieros y técnicos actualizados a la República Dominicana.
