La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo que la propuesta de reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos compromete no solo los avances ambientales logrados en los últimos años, sino también principios constitucionales esenciales como la libertad de empresa y la transparencia en la gestión pública.
“Una de las preocupaciones principales es la inclinación estructural de la propuesta para limitar la representación empresarial y eliminar la participación de empresas independientes vinculadas al sistema de reciclaje, compostaje y valorización de residuos. Varios artículos contenidos en la propuesta (como las modificaciones a los artículos 108, 109 y 116) vinculan permisos de operación y acceso al fideicomiso público a la existencia previa de rellenos sanitarios o plantas de valorización, lo que en la práctica bloquea la entrada de nuevos actores al mercado, especialmente pequeñas y medianas empresas y gestores locales”, dijo Finjus en un comunicado.
Agregó que lo que ha sido promovido como una modernización del sistema, en los hechos podría configurar el reforzamiento de estructuras monopólicas, imponer cargas económicas desproporcionadas y debilitar la institucionalidad ambiental.
“Esta arquitectura normativa generaría condiciones propicias para la consolidación de monopolios privados en la gestión de residuos, un sector que, por su relevancia ambiental y económica, debe ser accesible, competitivo y regulado con visión de interés general”.
Finjus advirtió que, en este escenario, la consecuencia institucional podría ser grave; el poder de decisión se concentraría en un número reducido de actores, impactando directamente en la calidad del servicio, el costo para los usuarios y el ejercicio efectivo del derecho a un medioambiente sano. Lejos de fomentar un ecosistema plural de innovación y mejora de los procesos, se dispondrán barreras legales que favorecerán a estructuras cerradas.
Con ello, la modificación del artículo 36 prevé contribuciones que podrían incrementarse en más de un 3,000 %, afectando desproporcionadamente a las micro, pequeñas y medianas empresas sin una evaluación técnica previa de su impacto económico. Contrario a como exige el principio de legalidad tributaria y la política pública equitativa, la introducción de estas nuevas tasas y contribuciones económicas no responde a criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad”, explicó.
Propuesta de reforma debilita institucionalidad
Finjus dijo que la propuesta de reforma constituye un debilitamiento institucional. “La exclusión del Ministerio de Hacienda del fideicomiso nacional y la eliminación de representantes clave del sector ambiental y empresarial reduce los controles de legalidad, eficiencia y transparencia en el manejo de fondos públicos. La figura del fideicomiso se convierte, así, en una figura opaca, manejada sin contrapesos ni auditorías externas robustas”.
