Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhorta al Congreso Nacional a revisar el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2024 en lo relativo al monto asignado a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP).
El pliego legislativo, depositado en la Cámara de Diputados y remitido a estudio en una comisión bicameral, consigna una partida a la ONDP ascendente a RD$696.7 millones, para un aumento en relación a la asignación del ejercicio anterior de unos RD$50 millones. Esto en el marco de que la Ley 366-22 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del 2023, le aprobó una asignación por un monto de RD$646.6 millones.
En ese sentido, la Finjus explica que el recurso establecido en la pieza actual “está muy por debajo de las necesidades y urgencias de la ONDP» que incluyen, entre otras cosas, superar el déficit de defensores públicos con la realización del concurso e ingreso a capacitación de 80 aspirantes a esa posición; la apertura de nuevas oficinas a nivel nacional; así como mejorar las condiciones laborales de los defensores públicos, para optimizar el servicio ofrecido a la sociedad y cumplir con los mandatos de la Ley.
De igual modo, Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia y, además, miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, mediante un comunicado remitido a los medios, se mostró sorprendido con el monto asignado.
“A la luz de la importante labor que realiza esta entidad, a la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus) le ha parecido muy preocupante que la Defensa Pública no cuente con los recursos que son indispensables para su correcto funcionamiento, acorde con el mandato de la Constitución y las leyes que lo regulan”, manifestó.
Recordó que de los RD$646.6 millones asignados en el Presupuesto del 2023, en adición, la ONDP incorporó RD$ 61.5 millones, provenientes de los saldos disponibles al cierre del periodo presupuestario 2022, en cumplimiento del artículo 64 de Ley 366-22, que autorizó al uso de dicho monto.
En su planteamiento, Castaño Guzmán destaca que la Oficina Nacional de la Defensa Pública fue de las primeras instituciones que, de manera formal, a inicios de este año, solicitó presupuesto complementario, al tomar en cuenta que el incremento que recibió en el Presupuesto del 2023 fue de solo “RD$30 millones, muy por debajo de los RD$350 millones solicitados para mejorar el servicio a la ciudadanía”.
A la luz de las necesidades del órgano, según el representante de la Finjus, se procedió a elaborar y remitir de manera formal el presupuesto correspondiente al 2024, por un monto total de ingresos de RD$1,185 millones, “con lo que se garantizaría que el Estado dominicano disponga de un total de 500 defensores públicos, acercándonos a la cifra de los demás países de América Latina”.
Comparación
La Fundación Institucionalidad y Justicia precisa que la falta de atención a las prioridades de la ONDP no se corresponde con los fondos atribuidos a otros órganos del sistema de justicia, como es la Procuraduría General del República, a la cual se le asignó RD$ 9,648,535,941, al menos RD$ 628,815,266.00 más que en el Presupuesto del 2023.
“La situación antes descrita afecta significativamente a la Oficina Nacional de Defensa Pública, que es un órgano constitucional, tal como lo consigna el artículo 176 de la Constitución”, sostiene Servio T. Castaños Guzmán.
En ese sentido, llamó a los senadores y diputados a que presten atención a lo indicado, y tengan como referencia principal las declaraciones del Tribunal Constitucional sobre sus sentencias no ejecutadas por los órganos del Estado, en especial la TC/0056/22.
Dicha fallo indica en su página 30: “No es posible garantizar el funcionamiento adecuado de los poderes y órganos fundamentales del Estado si no se les asignan fondos suficientes en el Presupuesto General del Estado”.
¿Qué es la ONDP?
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) es un órgano constitucional del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia.
El servicio de Defensa Pública se ofrece en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado.
Según la Finjus, el servicio que presta la entidad a toda la sociedad ha sido reconocido como de alto interés, en especial para los sectores sociales populares, por constituir una acción que evidencia la voluntad y compromiso del Estado de garantizar los derechos ciudadanos en el sistema de justicia.
