La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó preocupación por determinadas decisiones del Tribunal Constitucional que no son ejecutadas por los poderes públicos y órganos del Estado.
FINJUS entiende, además, que la ejecución de una sentencia constituye una dimensión sustancial de la tutela judicial efectiva y que el acceso a los tribunales pierde buena parte de su sentido cuando la decisión obtenida no puede hacerse realidad.
“Una justicia que reconoce un derecho, establece una obligación o determina el alcance de una norma constitucional, pero cuya decisión permanece indefinidamente sin ejecución, genera una separación preocupante entre la justicia formal y la justicia efectiva”, refiere la institución.
Describe que el problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa desde la perspectiva de la seguridad jurídica, ya que la ciudadanía necesita confiar en que una decisión constitucional definitiva tendrá consecuencias reales.
“Si después de obtener una decisión favorable un ciudadano debe enfrentar indefinidamente la resistencia de la autoridad encargada de ejecutarla, se debilita no solo su derecho particular, sino también la credibilidad del sistema de justicia” agrega.
Autoridad del TC
En este contexto, refiere la FINJUS, la discusión sobre la posibilidad de amonestar, requerir o advertir a autoridades que incumplan decisiones constitucionales debe manejarse con igual rigor. La autoridad del Tribunal Constitucional debe ser preservada, pero cualquier consecuencia derivada de un supuesto incumplimiento debe descansar en una competencia jurídicamente reconocida, estar sustentada en una base normativa clara, partir de una determinación objetiva de la obligación incumplida y respetar las garantías del debido proceso.
Considera igualmente necesario que el análisis de un eventual incumplimiento distinga entre la imposibilidad material temporal, la ejecución defectuosa, el retraso injustificado y la resistencia deliberada.
Mejorar la coordinación entre instituciones
FINJUS dice que es necesario mejorar la coordinación entre las instituciones públicas, establecer procedimientos internos claros para registrar y atender las sentencias, identificar oportunamente a las autoridades responsables de su cumplimiento, garantizar trazabilidad de las actuaciones y fortalecer las capacidades de seguimiento del Tribunal Constitucional.
