La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) plantea que se debe reconsiderar la implementación de la castración química en el país ante abusos sexuales como el ocurrido en el municipio de Villa González, provincia Santiago.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, recordó que aunque esa entidad cívica siempre se ha opuesto a la inclusión de dicha figura en el sistema jurídico dominicano, entiende que frente a sucesos como el descrito hay que examinar nuevamente esa posibilidad.
“Cuando uno ve esos tipos de aberraciones, de abusos, que no se justifican, la verdad es que esta sociedad va a tener que revisar muchos conceptos, porque no se trata de un hecho que se quedó ahí. Es que también los niveles de morbosidad que han generado en las redes, haber hecho eso público, yo no sé, pero yo creo que nosotros como sociedad debemos de revisarnos”, indicó.
Se recuerda que una joven de 21 años denunció haber sido violada sexualmente por seis hombres, en Villa González. El caso se dio a conocer meses después, tras la publicación de un video en el que se ven en el acto los hoy imputados.
El represente de la Finjus dijo que un suceso así no puede pasar iandvertido y debe marcar a la sociedad dominicana, como otros lo han hecho. Recordó que el acontecimiento tiene una connotación mundial, debido a que se está comparando a un hecho que se dio en España, que se llamó “La Manada”.
“Yo pienso que habría que reconsiderar. Muchos de nosotros históricamente nos hemos opuesto a eso (la castración química), pero cuando uno ve atrocidades de esta naturaleza, yo no sé, pero como que habría que refrendar todo esto”, comentó.
Propuesta frente a la Constitución
La propuesta de castración química para los violadores sexuales no es un tema nuevo en la República Dominicana; lo ha sido durante años. En 2023, el senador Franklin Romero sometió un proyecto de ley que planteaba modificar el Código Penal vigente para incluir el controversial castigo a condenados por violencia sexual. Anterior a éste, el diputado Jean Luis Rodríguez presentó un proyecto de legislación parecido.
También el Congreso Nacional intentó aprobar el nuevo Código Penal con la inclusión de la castración química mediante el término “tratamiento hormonal voluntario (THV)”, no obstante, se decidió excluir la figura de la pieza debido a que predominó la posición de que la aplicación de la castración viola derechos fundamentales, como el de la integridad personal, avalados en la Constitución.
La Carta Magna consigna que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas.
Los numerales 1 y 3 del citado articulado especifican que ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica; y que nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.
Ayer, varios legisladores reaccionaron ante la propuesta de castración química, entre ellos Eugenio Cedeño, quien recordó que la Carta Magna impide su implementación.
Exige 30 años de cárcel para los responsables
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus aclaró que aunque la Ley 74-25, del nuevo Código Penal, no ha entrado en ejecución sino hasta concluir el año de vacatio legis, con la legislación actual los imputados deben ser sancionados con la pena máxima, de 30 años cárcel.
El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santiago que imponga 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los seis hombres imputados de cometer violación sexual grupal contra la joven de 21 años de edad. A los seis detenidos se les acusan de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos.
Al respecto, Castaños Guzmán cuestionó quién fue la persona que grabó el video y que lo difundió en las redes. También exhortó al Ministerio Público a “emplearse a fondo” en el caso, porque la sociedad dominicana reclama que se haga justicia.
Pide, además, que se le preserven sus derechos a los imputados, pero que le apliquen “todo el peso de la ley”, ya que para hechos de esa naturaleza la pena –según enfatizó- es de 30 años cárcel, pues se trata de un suceso no sólo escandaloso, sino grave. La Finjus lamenta que situaciones así se repitan en otros litorales y entre menores.
