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El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, resaltó la preocupante realidad del sistema penitenciario, caracterizado por la inoperancia de sus estructuras y normativas, así como por la proliferación de mafias y actividades delictivas.
Castaños subrayó la importancia de una acción coordinada entre las autoridades gubernamentales, la sociedad civil y otras partes interesadas para abordar eficazmente esta crisis.
En su declaración, Castaños llamó a la acción nacional, instando a los órganos del sistema de justicia penal, universidades, comunidad jurídica y organizaciones sociales a unirse para definir políticas y programas que rescaten la grave situación del sistema penitenciario.
Además, enfatizó la necesidad de preparar adecuadamente el personal encargado de las nuevas instalaciones penitenciarias, así como de garantizar la efectividad de los marcos normativos existentes.
Comunicado íntegro
La irreversible realidad que aqueja el sistema penitenciario queda demostrada con lo acontecido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Inmersos en un panorama que ya no tiene remedio, ha quedado al descubierto que el objetivo del ordenamiento carcelario colapsó, fenómeno que se ha convertido en nuestro pan de cada día.
Aunque nuestro sistema está diseñado para garantizar que el orden y la armonía social sean restablecidos por medio del cumplimiento de las penas de las personas culpables de violar la ley penal, hemos caído en una arena movediza que si no se aplican las medidas pertinentes y con celeridad luego será demasiado tarde.
Quienes han delinquido tienen la oportunidad y el derecho constitucional de reincorporarse a la sociedad. Desde FINJUS hemos contribuido al análisis multidisciplinario para apoyar que las autoridades dominicanas identifiquen propuestas viables para superar el devastador escenario por el que cursa el sistema penitenciario.
Las estructuras, normas y principios que recoge nuestra legislación vigente han quedado inoperantes y sumergidas en prácticas carcelarias que se han convertido en la producción de mafias y entramados delictivos que se multiplican a gran escala.
FINJUS ha demostrado un apoyo incesante al lado del Ministerio Público y la Dirección General de Prisiones para encaminar un plan de humanización bajo un modelo sustentable y dotado de prácticas coherentes a nuestros principios democráticos.
A casi una semana del fatídico incendio que hasta la fecha ha dejado varios muertos, el sistema refleja que hay distorsiones y debilidades que ya son insostenibles. La exagerada sobrepoblación que sufre el castigo de la prisión preventiva, las condiciones mínimas de salubridad, educación y protección deja mucho que desear en un país cuyo objeto punitivo es reformar a los individuos en conflicto con la ley.
Como lo hemos hecho en innumerables ocasiones, hacemos énfasis en que el país requiere de un compromiso nacional que reúna los órganos del sistema de justicia penal (Procuraduría General de la República, Dirección General de Prisiones; Consejo del Poder Judicial, Policía Nacional, Oficina Nacional de la Defensa Pública), Universidades, Comunidad Jurídica y organizaciones sociales para que definan políticas y programas para el rescate de la grave situación que atraviesa el sistema penitenciario dominicano.
La cárcel de Las Parras o Penitenciaría La Nueva Victoria, como se le ha puesto, se encuentra sumergida en un abandono e incertidumbre que torna aún más difícil estimar su terminación. No obstante, el tema de hacía dónde se van a trasladar los internos no es la única cuestión por tratar: ¿ya se cuenta con los agentes (personal militar y administrativo) con entrenamiento especial para entrar en funcionamiento?
Estamos a tiempo de que se adopten medidas que se centren en preparar el personal que se hará cargo de dichas instalaciones. El Estado debe dar un paso inmediato para aprovechar que, mientras se concluya la preparación de Las Parras, se forme una estructura integral que minimice y atenúe los entramados mafiosos con el que ya cuenta el sistema, de lo contrario el modus operandi migrará en igual o peor escala.
Mucho se habla sobre si se conoció una nueva ley para el sistema penitenciario, sin embargo, poco se cuestiona la aprobación de reglamentos y acciones que promuevan la efectividad de los marcos normativos dispuestos, destacando la sobrecarga de trabajo con la que cuenta la Procuraduría y que hace que nos discutamos la puesta en marcha del Ministerio de Justicia. La realidad en la que el país se encuentra es compleja, el aspecto sociológico debe analizarse con detenimiento para poder aplicar acciones que den respuestas a las diversas y complejas demandas existentes.
Las cifras que se recogen sobre personas que esperan por juicio de fondo y de las que se encuentran en prisión preventiva pasan por inadvertidas aumentando en porcentajes exponenciales. En este tenor, es pertinente subrayar la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0878/23 donde la alta Corte precisa que: “los jueces de instrucción han de considerar, al momento de dictar una medida de coerción consistente en prisión preventiva, el estatus poblacional de las cárceles y los centros de corrección y rehabilitación correspondientes a su jurisdicción, a fin de evitar el hacinamiento de los privados de libertad en dichos recintos como una manera de respetar sus derechos a la dignidad y a la integridad personal”. Ciertamente, debemos preguntarnos si las autoridades del Estado están acatando este señalamiento.
Ha llegado la hora de que planteemos un compromiso nacional para alcanzar soluciones realistas y sostenibles para que nuestras cárceles dejen de ser centros de caos y academias criminales, recintos sobrepoblados donde reinan las mafias. FINJUS reitera su llamado de rediseñar e implementar programas interdisciplinarios que garanticen condiciones de vida digna para abordar esta realidad que tiene décadas de existencia y que ya ha llegado a su colapso.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
22 de marzo del 2024.
