La Fundación Institucionalidad y Justicia consideró que la discusión sobre el aumento salarial en la Cámara de Cuentas no debe relegarse a evaluar solo su legalidad, sino que requiere una evaluación a la luz del principio de razonabilidad a los fines de verificar la legitimidad de la medida.
El pasado miércoles, una comisión de la Cámara de Diputados, que evaluó dicho aumento, validó la medida y dijo que se trató de un asunto legal que no violentó la Constitución ni las leyes, aunque no estuvo apegado a la ética.
A través de un comunicado Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, estimó que toda resolución debe estar ajustada a los principios de la administración pública y los órganos constitucionales, como la Cámara de Cuentas, no escapan a esta sujeción, “pues aunque no se deben jerárquicamente al órgano rector de la administración pública, sí deben ser coherentes y contestes a los parámetros que rigen a la actuación administrativa”.
“Uno de los presupuestos básicos de la cláusula constitucional con relación a las decisiones administrativas que toman las entidades gubernamentales es que las mismas han de estar sujetas a los controles y principios de la administración pública establecidos en el ordenamiento jurídico; dentro de ellos resaltamos la razonabilidad jurídica y la racionalidad económica, los cuales se erigen como criterios a la hora de ejecutar una resolución de esta índole”, establece.
La Finjus reiteró su opinión de que la medida se percibió como incoherente y desproporcionada de cara a la situación que atraviesa la CCRD, que de acuerdo a sus miembros, es caracterizada por ellos como de falta de liquidez para realizar acciones concretas inherentes a sus funciones, como son las auditorías a las instituciones gubernamentales.
Criticó que en los últimos años el porcentaje de los ingresos que el sector público destina al pago de salarios de alto nivel va en ascenso sin que los resultados en materia de eficiencia, en ciertas instituciones, sean satisfactorios.
