La Fuerza Nacional Progresista (FNP) entregó ayer al Senado de la República, vía el Bloque de Senadores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), un documento que contiene 15 modificaciones a la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El pliego de reforma fue entregado por una comisión de alto nivel del partido minoritario, encabezada por los exdiputados Pelegrín y Vinicio Castillo, la cual incluye dos considerandos, cinco vistos y toca 12 artículos de la Ley promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de enero de 2024.

Los artículos a modificar de la controversial legislación son el 2, 4, 11, 13 (numerales 4, 5 y 9, y agregar el numeral 15), 14, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29.

Entre los cambios sugeridos, está el establecer un juez habilitado por la Suprema Corte de Justicia con Jurisdicción Nacional para atender requerimientos de información a terceros por parte de la DNI.
También que el Ministerio Público asumiría control de la investigación si se detectan ilícitos penales en investigación de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El documento de propuesta establece que los requerimientos que haga la DNI de entrega de información a dependencias del Estado, instituciones o empresas privadas o de alianza público privada, que gestionen servicios públicos o que tengan obligaciones especiales en relación a la disposición de informaciones y datos como sujetos obligados por leyes sectoriales, estarán obligadas a entregarlas previa autorización judicial.

La propuesta de la FNP establece: “Cuando se verifique la existencia de indicios razonables o prueba fiable en la realización de actividades o tramas que configuren una infracción criminal, la DNI deberá informar de inmediato a la Procuraduría General de la República (PGR), quien asumirá el control de la investigación para fines judiciales y de acción pública, de acuerdo con las normas procesales”.

El partido político propone suprimir del artículo 26 las sanciones penales de prisión para aquellas personas que se nieguen a dar información a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Además, propone la modificación de los artículos 14 y 16 de la ley actual, para que el Inspector General y el Contralor Financiero de la DNI sean designados por el presidente de la República, a propuesta del Director Nacional.

Bloque senatorial PRSC

Al recibir el documento, el senador de La Vega y vocero del PRSC en el Senado, Ramón Bueno, informó que someterá la propuesta en esa ala congresual mediante un proyecto legislativo, a fin de que sea reformada la Ley 1-24 en la legislatura ordinaria que se inicia este 27 de febrero.

Dijo, asimismo, que está receptivo a cualquier otro cambio que surja del diálogo entre el Gobierno y los sectores que objetan artículos de la pieza.

Los tres frentes generados por Ley

Tres frentes se han generado en torno a la Ley crea la DNI que buscan modificar o derogar la legislación. Estos son: la mesa diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios (SSD); los sectores que depositaron cuatro acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC); y el proyecto de ley de dos artículos cuyo fin es dejar sin efecto la pieza y se mantenga en vigencia la Ley 857, el cual fue depositado en el Congreso por dos diputados peledeístas.

Al último frente se sumaría la propuesta de FNP.

Dijo que los congresistas no aceptan imposición

El presidente de la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Ramón Bueno, dijo ayer que los legisladores no aceptan imposición de nadie, sino que harán lo que les corresponda como Congreso, “pero sin imposición de ningún sector del país”. Dijo que tiene varios años como legislador y siempre ha estado abierto a escuchar las opiniones de los distintos sectores en torno a una pieza determinada, pero que lo ha hecho sin desconocer que es la propia Constitución que lo faculta a producir las leyes que necesita la República Dominicana. Al ser preguntado sobre si acogería agregar la figura de un juez en el artículo 11 de la Ley 1-24, respondió: “Nosotros vamos a esperar que llegue (la propuesta), que la comisión (mesa de diálogo) haga su informe, que lo manden al Congreso, y nosotros lo veremos en el escenario. “Estamos abiertos a que salga una ley que beneficie a la sociedad, sin la injerencia de sectores que quieran trazarnos línea”, sostuvo el titular de la comisión encargada de estudiar la Ley DNI y quien propuso el polémico párrafo IV del artículo 11, el cual deja fuera la intermediación de un juez. El diputado perremeísta reaccionó ante el diálogo entre el Gobierno y la SDD.

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