Fundación pide ser escuchada en proyecto

La Fundación Oneyda Cayetano, a beneficio de los envejecientes en asilos, solicitó a la Cámara de Diputados participar en las discusiones del proyecto

La Fundación Oneyda Cayetano, a beneficio de los envejecientes en asilos, solicitó a la Cámara de Diputados participar en las discusiones del proyecto de ley que busca que los hijos se responsabilicen de la manutención de sus padres cuando estos sean adultos mayores.

La presidenta de la fundación, Oneyda Cayetano, expresó, a través de una carta enviada a elCaribe, que la institución que preside depositó ese anteproyecto de ley ante la Cámara Baja hace diez años, por lo que deberían ser tomados en cuenta en reuniones de la comisión de niñez y familia que estudia la iniciativa.

“Gracias a nuestra campaña “Da tu firma por una vejez digna”, que realizamos en instituciones públicas y privadas, colectamos miles de firmas, que fueron entregadas al señor Julio Cesar Valentín, expresidente de la Cámara de Diputados el 1 de octubre de 2008. Estamos solicitando a Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, que permita que los miembros de nuestra fundación sean tomados en cuenta como participantes en los pasos que se vayan a realizar”, señala la misiva.

El proyecto de ley sobre reclamaciones de manutención para padres y madres, propone sanciones de hasta un año de prisión para aquellos hijos que abandonen a los padres envejecientes.

Uno de los objetivos del proyecto es establecer un mecanismo legal para mitigar “la injusticia que se comete con los padres que engendraron, alimentaron, educaron y forjaron a sus hijos, y cuando son ellos los que necesitan atención y protección, son abandonados”.

Este plantea la condena a una pena de hasta un año de prisión correccional suspensiva, si el hijo se negare a cumplir la obligación de manutención a sus padres o si persistiera en su negativa después de haber sido requerido para ello, previo a un proceso de conciliación.

La comisión, presidida por Luis Sánchez, ya ha escuchado a representantes del Consejo Nacional para persona Envejeciente (Conape) y la magistrada Danissa Cruz, procuradora fiscal especializada con el Maltrato y Abuso de Adultos Mayores, en representación de la Procuraduría.

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