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Decenas de personas protestaron ayer frente al Palacio Nacional en contra de los desalojos forzosos efectuados por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE).

Estos ciudadanos acompañados de sectores urbanos y organizaciones sociales manifestaron que cientos de ellos fueron desplazados tanto en años pasados como en este 2022.

Sócrates Peguero, presidente de la Red Urbana Popular (RUP), informó que las más recientes comunidades afectadas por esta práctica son Barrios Hato del Yaque en la provincia Santiago, así como en La Rusa de San Luis en Santo Domingo Este.

Peguero expresó que en Hato del Yaque fueron desalojadas 130 familias el 25 de febrero, o sea, hace más de cuatro meses, mientras que en La Rusa cerca de 30 personas, el pasado primero de junio.

El también representante de la comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, calificó como una violación grave a los derechos humanos los desalojos forzosos.

“Además, nuestra Constitución declara el artículo 59, que toda persona tiene derecho a una vivienda y que el Estado debe establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho”, argumentó Sócrates Peguero.

De su lado, Reynaldo Brioso, representante del comité para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), dijo que familias de barrios como La Mina en San Isidro o Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos todavía no residen en viviendas dignas y permanecen en una condición precaria, pese a las movilizaciones.

“Yo tenía una casita de dos plantas y me la tumbaron, de ahí yo sacaba para costear los tratamientos para mi esposa que esta invalida, pero ellos (URBE) nunca se me acercó”, expresó, Eugenio Reyes Ramos, uno de los afectados, que vivía en la calle Respaldo 17 en el sector Los Guandules.

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