La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), a través de su Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, expresó su apoyo a las comunidades que promueven la preservación de la Cordillera Central y la Cordillera Septentrional, ante posibles proyectos de explotación minera en esas zonas.
En un comunicado, la Iglesia manifestó su preocupación por el impacto que estas actividades podrían tener sobre la integridad ecológica de las montañas y, especialmente, sobre el recurso agua. En ese sentido, instó a las autoridades a escuchar el reclamo de las comunidades y tomar decisiones orientadas al bien común, citando la encíclica ‘Laudato Si’ del Papa Francisco, que llama a proteger la “casa común”.
La entidad religiosa subrayó que estas cordilleras no solo representan un patrimonio natural invaluable, sino que también cumplen una función esencial como reservorios hídricos, al captar, almacenar y distribuir el agua que alimenta ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del país. Advirtió que cualquier alteración significativa podría afectar la calidad y disponibilidad del agua, impactando tanto a las actuales como a las futuras generaciones.
Asimismo, alertó sobre los riesgos asociados a la minería, como la remoción de suelos, el uso intensivo de sustancias químicas y la generación de desechos potencialmente tóxicos, que podrían contaminar fuentes hídricas con metales pesados o sedimentos. Como ejemplo, citó la situación de la Presa de Hatillo, señalando los efectos que estas prácticas pueden generar en los ecosistemas.
La Iglesia consideró que proteger las montañas es una expresión de justicia social y de respeto a la dignidad humana, respaldando así las demandas de sectores que solicitan que no se aprueben proyectos mineros en estas áreas. Reiteró su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible que armonice el crecimiento económico con la protección ambiental, y llamó a fomentar el diálogo entre autoridades y ciudadanía.
Ministro de Energía reacciona
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el futuro de la minería en la República Dominicana debe basarse en un equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico.
El funcionario explicó que cualquier decisión sobre proyectos mineros debe sustentarse en evidencia científica, el respeto al debido proceso y un diálogo transparente con las comunidades, especialmente en zonas como San Juan de la Maguana, donde existe una fuerte vocación agrícola.
Indicó que actualmente se realiza un estudio de impacto ambiental conforme a los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, con el apoyo de especialistas internacionales, y enfatizó que las decisiones no pueden basarse en rumores, sino en datos verificables.
El ministro destacó que la minería es un sector clave para la economía nacional, con un crecimiento de 7.7 % en el primer trimestre de 2026, según datos del Banco Central de la República Dominicana. Añadió que en 2025 las exportaciones mineras superaron los 2,500 millones de dólares, con el oro como principal producto.
El funcionario anunció que el Gobierno impulsa una ley para modernizar el sector minero, con el objetivo de garantizar un desarrollo más transparente y equilibrado, que permita el crecimiento económico sin comprometer los recursos naturales.
Afirma la minería no dañará agua de San Juan
La empresa minera canadiense GoldQuest Mining, salió este fin de semana en defensa de su Proyecto Romero para la explotación minera de oro, cobre y plata en la Cordillera Central, provincia San Juan.
Parte de los ejecutivos de la creada GoldQuest Dominicana, aseguran que es una minería diferente a la acostumbrada, ya que no afectará los recursos hídricos, al no utilizar la modalidad de cianuro ni mercurio.
Luis Santana, CEO de la empresa, subrayó que el Proyecto Romero respetará el medioambiente como una operación 100% subterránea, eliminando la necesidad de minería a cielo abierto.
El ejecutivo de la empresa detalló que se trata de un proyecto de ciclo corto, con una vida útil estimada de ocho años, período en el cual producirá un millón de onzas de oro, plata y cobre.
“Es importante destacar que cualquier ejercicio de esta naturaleza puede realizarse de manera complementaria y paralela, sin sustituir ni interferir con el proceso formal de Estudio de Impacto Ambiental que se desarrolla conforme a la ley 64-00, sobre medioambiente y bajo estándares internacionales,” precisó Santana durante una rueda de prensa el pasado domingo,
