Varios incidentes han impedido que avance el conocimiento de la medida de coerción a los acusados de pertenecer a una supuesta red de lavado de activos, desmantelada mediante la operación Larva.
Ayer, algunos de los abogados de los imputados pidieron a la jueza de Atención Permanente de San Cristóbal, Katherine Rubio, declarar inadmisible el caso, debido a que en la solicitud de la medida de coerción, el Ministerio Público no anexó los alegados elementos probatorios en contra de los encartados.
Ante esa petición, la magistrada no acogió la solicitud de inadmisibilidad alegando que los elementos probatorios se encontraban en el tribunal a pesar de que no estaba contemplado en la solicitud de coerción.
En tanto que la defensa técnica de los detenidos objetó la decisión de la jueza y tras retirarse a deliberar la magistrada Katherine Rubio ratificó su decisión de que no iba a declarar el caso inadmisible.
Otro de los temas discutidos entre los incidentes es que los abogados de los imputados alegaron que dos fiscales que actuaron en los allanamientos donde fueron apresados no pertenecen a la jurisdicción de San Cristóbal.
Anteriormente los abogados habían presentado otro incidente, donde solicitaban que el expediente fuera trasladado a la jurisdicción del Distrito Nacional porque todos los imputados viven en Santo Domingo.
Sin embargo, en esa ocasión la magistrada Rubio se declaró competente para continuar conociendo el caso en San Cristóbal.
Imputados llevan tres semanas
La jueza Katherine Rubio tiene primero la tarea de decidir sobre estos asuntos para luego entrar a conocer la solicitud de coerción a los imputados que llevan casi tres semanas detenidos.
Los encartados son Jorge Luis Herasme, María Mercedes, Ramona Estrella, Sarai Herasme, Luis Ney Herasme, James González, Joivel González, Ángelo Spataro, Elizabeth Spataro, Santa Rodríguez, Ramón Piña Reyes, Luis Jiménez, Miguel Santos, Yira Zimmermann y Rusber Suarez Díaz.
MP asegura que tienen más de 300 pruebas
La alegada organización, desarticulada mediante la Operación Larva, está vinculada a una red de narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo de 2020 introdujo al país 724.35 kilogramos de cocaína clorhidratada por la costa de Nigua, provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia. El Ministerio Público asegura tener más de 300 pruebas que pretende presentar para lograr 18 meses de prisión preventiva contra ellos.
