En el Congreso Nacional abundan legislaciones que fueron introducidas apenas días y meses después de que fueran acogidas por el Poder Ejecutivo
Es común que en el Congreso Nacional se someten proyectos legislativos para modificar leyes años después de que estas sean promulgadas. No obstante, en el órgano bicameral abundan iniciativas que fueron introducidas apenas días y meses después de que las legislaciones fueran acogidas por el Poder Ejecutivo.
Una de esas piezas fue sometida por el diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, el pasado 25 de agosto, para modificar la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal.
El legislador introdujo la propuesta a la Cámara Baja 22 días después de la promulgación de la norma penal, faltando más de 11 meses para que entre en vigencia, debido a que tiene un año de vacatio legis.
Raposo plantea modificar y eliminar varios artículos del Código, los cuales -a su juicio- vulneran derechos fundamentales, como la libertad de expresión, manifestación y el empoderamiento ciudadano.
Los apartados contienen aspectos que envían a prisión a ciudadanos por pronunciar palabras y hacer gestos a funcionarios, según denunció. En ese sentido, el pliego de ley busca derogar el controvertido artículo 310, que trata sobre el ultraje, el punto de mayor crítica de la Ley.
Otros artículos a suprimir serían el 311, que dispone que el ultraje a funcionarios sea perseguido por acción pública a instancia privada; 157, sobre la obstaculización de medidas de socorro; 192, de la difusión de audios o imágenes sin consentimiento; y el 386, que aborda la incitación para armarse contra el Estado. Estos articulados sancionan con pena de prisión a los infractores.
Ley del TSE
El 16 de este mes, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, sometió al Congreso un documento legislativo que también toca una ley a poco tiempo de ser promulgada; lo presentó tres meses y medio después.
Se trata del proyecto que modifica el artículo 8 de la Ley 39-25, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, promulgada el 30 de junio de este año.
En su propuesta, el hijo del exsecretario general del PLD lamenta que el Tribunal Superior Electoral mantenga los requisitos de 30 años de edad y 12 años de experiencia como tiempo mínimo para ser juez de ese órgano, contrario a la Junta Central Electoral, lo que considera “es de imposible cumplimiento”.
Ante esto, el legislador plantea cambiar el numeral 4 del referido apartado, para que, en vez de los 12 años señalados para ocupar el cargo, se quieran ocho, y sean computables a partir de la emisión del título de grado por el instituto de educación superior correspondiente.
Cuando el Congreso Nacional refrendó la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, el Poder Ejecutivo la observó -devolviéndola al Senado-, pero no se refirió al punto al que hace énfasis Mariotti hijo.
Legislación del Régimen Electoral
No se puede olvidar el proyecto legislativo que limita la propaganda, publicidad y el gasto en campañas electorales, sometido en la Cámara de Diputados por el legislador perremeísta Eugenio Cedeño, el cual modifica la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, promulgada el 17 de febrero de 2023.
El congresista introdujo la pieza casi un mes después del nuevo marco legal, el 16 de marzo de ese mismo año, respaldada por más de 30 colegas. La iniciativa fue enviada a estudio a una comisión semanas después. Desde entonces Cedeño ha reintroducido la legislación en otras ocasiones, porque perime.
En la actualidad son coproponentes de la propuesta de ley Diómedes Rojas, Luis Gómez Benzo y Nolberto Ortiz, todos diputados del partido oficialista.
La normativa busca limitar el monto de los recursos económicos lícitos que cada candidato, partido, movimiento o agrupación política puede usar en campañas electorales; y regular y limitar la cantidad de publicidad que cada candidato podrá colocar en espacios públicos o privados, radio, televisión, redes sociales, unidades móviles y propaganda de entrega personal.
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas
El pasado 7 de abril, el Poder Ejecutivo sometió al Senado el proyecto que modifica la Ley 137-03, del 7 de agosto de 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual fue enviada a comisión dos semanas después hasta que fue aprobada por ambas cámaras congresuales y promulgada por el presidente Luis Abinader el 21 de julio de este año, mediante el número 46-25.
La pieza cambió el artículo 3 y 7 de Ley 137-03, los cuales habían sido modificados casi seis meses antes por la Ley 63-24, promulgada el 13 de octubre de 2024.
La Ley 46-25 es complemento de las 15 medidas del Gobierno contra la migración ilegal, para garantizar de esta manera la soberanía nacional ante la crisis en Haití, estableciendo nuevos límites sancionadores, al tomar en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad de la pena para los casos de tráfico ilícito de migrantes.
Además del Ejecutivo, la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Ydenia Doñé Tiburcio sometió una iniciativa al Congreso que modifica la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Entre los artículos que toca está el 3, para aumentar las penas.
El proyecto, parte de la reforma integral “Déjala Ir”, fue introducido a la Cámara Baja el 01 de octubre de este año, por lo que llegó al órgano parlamentario dos meses y 10 días después de la promulgación de la Ley 46-25.
Circunvalación de Santo Domingo
El pasado 10 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sometió un proyecto de ley que designa con los nombres “Profesor Juan Bosch” a la Circunvalación de Santo Domingo, y “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la avenida Ecológica de Santo Domingo Este.
La iniciativa, aprobada de urgencia por la Cámara el pasado martes y que pasó al Senado, resolvería las diferencias que generó en el país la legislación que introdujo el exvocero del Partido Revolucionario Moderno en el Senado, Cristóbal Venerado Castillo. Dicha normativa fue refrendada en dos sesiones consecutivas por la Cámara Baja el 8 de enero de 2025, convertida en ley, y remitida al Ejecutivo dos días después, sin ser promulgada hasta la fecha. Esa ley designa con el nombre “Doctor José Francisco Peña Gómez” a la Circunvalación de Santo Domingo.
Aunque el presidente Abinader no observó ni promulgó la Ley, ni la Cámara de Diputados la ha publicado como efectiva, la pieza presentada por Pacheco junto a varios colegas entra al grupo de las legislaciones que son sometidas para modificar otras con poco tiempo de existencia.
