Lo establece el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión
En el periodo de precampaña y campaña electoral, la Junta Central Electoral (JCE) tendrá a su cargo la regulación y tutela administrativa del derecho de libertad de expresión respecto de aquellas opiniones o expresiones del pensamiento relacionadas con el proselitismo electoral. Esto no será una competencia del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom).
Así está contemplado en el proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, depositado el pasado viernes por el Poder Ejecutivo en el Senado de la República, el cual suprime la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y crea en su lugar el Inacom, una entidad estatal descentralizada, responsable de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información así como de la supervisión de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, las plataformas de contenidos en Internet, el cine y los espectáculos púbicos.
De acuerdo al párrafo II del artículo 36 del pliego legislativo, durante el tiempo de precampaña y campaña electoral el Instituto Nacional de Comunicación mantendrá su competencia para regular y tutelar administrativamente toda opinión o expresión del pensamiento de cualquier naturaleza, “que no se enmarque en el discurso político-electoral”.
“El Inacom no tendrá competencia alguna durante esta etapa -precampaña y campaña electoral- para regular o tutelar este tipo de discursos político-electorales”, subraya la parte b del párrafo I del citado artículo, que trata sobre las competencias del nuevo órgano regulador.
Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Comunicación está el velar por la defensa del buen uso de la lengua nacional y el respeto a los símbolos patrios; y por el respeto de los derechos de la mujer en los medios audiovisuales e internet.
También disponer, mediante resoluciones motivadas, las sanciones previstas en la presente legislación, en estricto apego a las reglas del procedimiento administrativo sancionador dispuestas en dicho marco legal y las normas que la complementan.
Plataformas digitales deberán ser transparentes y permitir auditoría
La reforma legislativa dedica un capítulo -capítulo IV- al tema de las plataformas de contenidos en internet, las cuales deberán ser transparentes y rendir cuentas.
El párrafo del artículo 19 consigna que todas las disposiciones de este capítulo serán aplicadas a las plataformas digitales comerciales, tales como redes sociales y buscadores que moderen contenidos de terceros y que tengan una comunidad de usuarios en el país que represente más del 10% del total de personas con acceso a internet en la nación. “No se incluyen los servicios de mensajería instantánea que no moderen contenidos”, sostiene.
Dicho artículo indica que la aplicación de los términos de servicios y de las normas comunitarias de las plataformas digitales que regulen contenidos publicados por terceros “deberán ser compatibles con los estándares internacionales sobre libertad de expresión, derechos humanos y libertad de empresa”, asegurando que no impidan ni restrinjan de manera ilegítima o desproporcionada los derechos a la libertad de expresión e información.
Las plataformas de contenidos en internet deberán ser transparentes con el funcionamiento de sus algoritmos y su código de fuente, y tendrán que permitir su auditoría, según el numeral 4 del artículo 20.
Sanciones hasta de 200 salarios mínimos y eliminación de contenidos
De aprobarse la legislación, la comisión de las infracciones administrativas contempladas en la misma tiene sanciones que van desde 30 hasta de 200 salarios mínimos, para las transgresiones graves.
Además, la eliminación de contenidos que violen las disposiciones de la presente ley para la protección de las personas menores de edad; y la suspensión de la transmisión por parte del medio por un periodo de hasta 90 días en la presentación de la actividad.
Namphi Rodríguez defiende la iniciativa legislativa
El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez aclara algunas inquietudes en relación a la tan esperada iniciativa legislativa.
El director ejecutivo de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), creada por decreto 333-22 para reformar la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, explica, a través de su cuenta de X, que no existe en el proyecto de ley ninguna disposición que otorgue potestad al órgano regulador que se creará para eliminar contenidos en las plataformas digitales, ni obligar a los medios de comunicación a “colaborar” con instituciones estatales.
Señala que es a grandes operadores de Internet como Facebook, X e Instagram, que tendrán obligaciones técnicas de transparencia para informar al Inacom sobre sus términos de servicios y directrices para “moderar” los contenidos publicados por los usuarios, a fin de evitar la censura a las personas en las redes sociales.
Otro punto (de los nueve del jurista), es que se ha interpretado que la pieza establece un sistema de responsabilidad jurídica a cargo de las plataformas digitales, “cuando realmente lo que se consigna es que éstas no tienen responsabilidad en los contenidos emitidos por terceros”.
Rodríguez resalta que la propuesta no contempla competencias a cargo del Inacom para regular ni sancionar por contenidos de medios de comunicación o emitidos por personas en las redes sociales, exceptuando la protección a la niñez y la dignidad humana. “La sanción a los delitos contra el honor de las personas es facultad exclusiva de los jueces”, dice.
Convocan protesta pacífica frente al CN
Fernando Abreu y el partido de derecha Patria Libre (Palib) convocaron a una “protesta pacífica” frente al Congreso Nacional por el proyecto de ley orgánica que busca regular la libertad de expresión y los medios digitales, considerado una amenaza contra los medios digitales.
El reclamo ciudadano está pautado para este martes 6 de mayo, a las 6:00 de la tarde.
Abreu, presidente de Patria Libre, calificó la iniciativa como un intento más del Estado dominicano por imponer una ley mordaza, que atenta directamente contra uno de los pilares fundamentales de toda democracia: la libertad de expresión.
