El abogado Pedro Balbuena, designado por el Poder Ejecutivo como miembro de la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal, afirmó que las garantías para proteger la libertad de expresión deben estar expresamente establecidas en la legislación y no quedar sujetas a la interpretación del Ministerio Público o de los jueces.
Durante una entrevista en Despierta con CDN, el jurista sostuvo que, aunque comparte la interpretación ofrecida por la procuradora general de la República sobre el alcance de las disposiciones relativas a la libertad de expresión, esa garantía debe estar contenida en el propio texto legal para evitar futuras interpretaciones que puedan afectar ese derecho fundamental.
“Lo que se trata es de crear salvaguardas que impidan que alguien pueda utilizar la ley penal para perseguir el derecho a la libertad de expresión. De eso se trata para todo el mundo, o sea, es una salvaguarda para todo el mundo”, dijo.
Balbuena explicó que las declaraciones de la procuradora, en el sentido de que el Ministerio Público no perseguirá memes, caricaturas u otras manifestaciones protegidas por la libertad de expresión, constituyen una interpretación positiva, pero advirtió que esa posición no representa una garantía permanente.
A su juicio, mientras el Código Penal no establezca excepciones claras, la decisión de iniciar o no una persecución penal dependerá del criterio del Ministerio Público o, en última instancia, del juez que conozca el caso.
El jurista recordó que las acciones directas de inconstitucionalidad presentadas contra los artículos relacionados con la libertad de expresión fueron interpuestas sobre el texto finalmente aprobado y sostuvo que todavía persisten deficiencias en las eximentes contempladas por la legislación.
Asimismo, señaló que el Código Penal no incorpora de forma expresa protecciones para contenidos periodísticos, de opinión, satíricos o caricaturescos, pese a la existencia de precedentes internacionales que reconocen una protección reforzada a la libertad de expresión cuando se trata de asuntos de interés público.
Balbuena consideró que la actualización del Código Penal era necesaria debido al desfase de la legislación vigente, pero cuestionó la rapidez con la que se aprobó su entrada en vigor sin corregir aspectos que, a su juicio, afectan la seguridad jurídica. Indicó que el texto contiene tipos penales abiertos y una falta de precisión en la definición de determinadas conductas, lo que podría ampliar excesivamente el margen de interpretación de fiscales y jueces.
