La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió al Congreso Nacional de la necesidad de incluir “a todos los sectores” en la discusión de la reforma al Código Procesal Penal aprobado en primera lectura en el Senado de la República.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad cívica, Servio Tulio Castaños Guzmán, considera que la reforma legislativa debe ser producto de un diálogo plural que reconozca las necesidades de los distintos sectores y que no solo escuche las voces de los operadores del sistema de justicia (Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial), “que es lo que ha ocurrido”, sino también las de los actores sociales en la materia.
Según el jurista, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0765/24, que declaró inconstitucional por vicios de forma la Ley 10-15, reformatoria del Código Procesal Penal, reabrió un debate crucial para el futuro del sistema de justicia dominicano.
Consideró que el fallo de la alta corte, al suspender sus efectos por un año para evitar un vacío normativo, colocó al país ante una oportunidad institucional sin precedentes para repensar de manera colectiva el ordenamiento procesal penal de la República Dominicana.
“Esta tarea no debe limitarse a un procedimiento al vapor del mero cumplimiento formal de los procedimientos legislativos que dieron lugar a la inconstitucionalidad. Más bien, debe concebirse como un ejercicio de concertación democrática y técnica, donde participen todas las fuerzas vivas de la nación: el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, las universidades, la sociedad civil, los gremios profesionales, las asociaciones empresariales y las organizaciones defensoras de derechos humanos”, subrayó Castaños Guzmán mediante un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación.
Reto del nuevo Código Procesal
El vicepresidente de la Finjus amplió, además, que la legitimidad y efectividad de una norma procesal de esta envergadura no dependen solo de su técnica jurídica, sino del grado de consenso social que la respalde. Dijo que el reto es lograr que el nuevo Código no se limite a castigar, sino que también garantice equilibrio y justicia en sus normas, preservando la proporcionalidad y razonabilidad que deben regir sus disposiciones.
“Por tratarse de una norma con incidencia directa en la estructura social, resulta indispensable escuchar y considerar todas las perspectivas, a fin de mantener un equilibrio normativo que no favorezca de manera desproporcionada a un solo sector”, expresó.
El Congreso tiene hasta diciembre de este año para convertir en la ley la reforma legislativa; de lo contrario, se volvería a la Ley 76-02.
