El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó algunas observaciones y propuestas de mejora al proyecto de ley sobre integridad, control del financiamiento y prevención de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política, que trata una comisión especial en el Senado.
Servio Tulio Castaños Guzmán considera que las sanciones en la pieza deben ser suficientemente disuasorias e incluir pérdida de candidatura, nulidad de elección, responsabilidad penal individual e inhabilitación para futuras postulaciones.
En el documento con todo lo planteado dirigido al senador Pedro Catrain (PRM-Samaná), presidente de la comisión legislativa, la Finjus pondera que una legislación débil frente al financiamiento ilícito no solo compromete la transparencia, sino que abre la puerta para mitigar estructuras criminales que erosionan la democracia, debilitan las instituciones y socavan la confianza ciudadana.
“Aprobar una norma sólida, con controles preventivos rigurosos, mecanismos de fiscalización eficaces y sanciones verdaderamente disuasorias, no debe asumirse como una opción, sino como una responsabilidad inaplazable para proteger la integridad del sistema democrático y preservar el Estado de derecho”, sostuvo.
Declaración jurada ante la DGII
La entidad no partidista propone, además, establecer como requisito indispensable para optar por una candidatura de elección popular la presentación de una declaración jurada patrimonial “correspondiente a los tres años previos a la postulación”, o, en su defecto, una certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y su situación tributaria al día.
Debida diligencia obligatoria de los partidos sobre sus candidatos
La Finjus entiende que los partidos políticos deben asumir una responsabilidad activa en la verificación de antecedentes de sus candidatos, donantes y principales colaboradores financieros.
Asimismo, propone exigir mecanismos de debida diligencia reforzada, que incluyan verificación de antecedentes penales relevantes, revisión de procesos judiciales por corrupción, lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado y certificaciones de cumplimiento tributario.
El proyecto de ley fue elaborado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sometido al Senado por el bloque oficialista.
De unidad especializada de fiscalización
La Fundación Institucionalidad y Justicia recomienda también la creación o fortalecimiento de una unidad técnica especializada en fiscalización del financiamiento político, con independencia funcional, capacidad de investigación patrimonial y coordinación interinstitucional. La coordinación sería con los órganos competentes en materia electoral, financiera, tributaria y penal, a fin de asegurar una supervisión efectiva y oportuna.
