La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que la República Dominicana logró un avance fundamental hacia la modernización y la transparencia en la gestión del gasto público, con la reciente aprobación y entrada en vigor de la nueva Ley de Contrataciones Públicas y su correspondiente reglamento de aplicación.
En un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la organización de la sociedad civil destacó que esta normativa constituye una reforma estructural largamente esperada, diseñada para asegurar un sistema de compras y contrataciones estatales más eficiente, ordenado y coherente.
La Finjus señaló que durante más de dieciocho años, la Ley núm. 340-06 reguló los procesos de contratación, pero sus deficiencias permitieron prácticas discrecionales y distorsiones clientelistas, y cita el fraccionamiento contractual, la delegación irregular de competencias y un débil régimen de consecuencias como principales fallas.
Indicó que la nueva legislación busca corregir estas debilidades con reglas claras, modernas y alineadas a estándares internacionales de integridad pública y derecho administrativo.
Entre las disposiciones que avanzan el marco legal dominicano, se destaca la prohibición expresa del fraccionamiento de contratos para promover la integridad en los procesos.
Deliminación
La ley incorpora una delimitación precisa de las modalidades de contratación, que establece en función de la cuantía, el objeto y las características específicas de cada adquisición.
Además, se establece una regulación rigurosa para las declaratorias de urgencia y emergencia, con lo cual se eliminan ambigüedades que históricamente habían facilitado la discrecionalidad en la asignación de recursos. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ve fortalecido su rol al ser dotada de mayores capacidades técnicas, normativas y de fiscalización para un control más efectivo.
La nueva ley fortalece transparencia e inclusión
La nueva ley incorpora robustos mecanismos de control interno, externo y social, y propicia una participación activa y organizada de la ciudadanía.
En un enfoque de inclusión y desarrollo productivo, la legislación reserva un 30 % del presupuesto de compras para las Mipymes, que destina un 10 % de ese porcentaje a empresas lideradas por mujeres, una política que promueve la equidad, la innovación y la generación de empleo.
