Desde hace 30 años la República Dominicana ha intentado tener una ley de partidos políticos sin que hasta la fecha haya sido aprobada en el Congreso Nacional. Seis propuestas han sido elaboradas y sometidas, tanto por la Junta Central Electoral, como órgano rector, así como por tres partidos políticos reconocidos.La Estrategia Nacional de Desarrollo había puesto como límite para su aprobación enero del 2015, pero entre discusiones y comisiones continúa el “vía crucis” del instrumento que servirá para regir parte del sistema democrático del país: la ley de partidos políticos.
Propuesta de Caonabo Fernández
La iniciativa más vieja data de 1987, donde el proponente fue el presidente de la JCE en ese entonces, Caonabo Fernández Naranjo. En mayo de 1985, Fernández anunció la elaboración de este proyecto, luego de haber recibido el apoyo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humano (IDH-CAPEL).
De acuerdo a un estudio presentado en el 2013 por el Observatorio Político Dominicano (OPD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), la propuesta deriva de las legislaciones vigentes en Argentina y Alemania en ese momento y su principal objetivo era “consolidar a los partidos mayoritarios, desalentar a los que no tienen una militancia significativa y erradicar a los que no tienen ninguna militancia”.
El “Proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos” aparece fechado en enero de 1987, pero el OPD no pudo constatar el proceso que éste llevó en las cámaras legislativas. La iniciativa prohibía las donaciones anónimas, así como contribución económica de organismos del Estado, municipal, de asociaciones sindicales, patronales o de profesionales.
Este proyecto contemplaba que cuando un partido reconocido no acudiera a la celebración de las elecciones, le sería suspendida la personería jurídica.
Otro aspecto fue que para ser reconocido un partido debía demostrar a la JCE que contaba con al menos el 5% de los afiliados del número de electores inscritos en el Registro Electoral.
Propuesta de Licelott Marte
En junio del 2003 la diputada reformista Licelott Marte de Barrios presentó un proyecto elaborado en 1999, por la entonces Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME), con la participación de organizaciones de la sociedad civil, de representantes de los partidos políticos y de la JCE. El mismo perimió al término de la segunda legislatura ordinaria de ese año debido a que la comisión encargada nunca lo estudió, por lo que nunca fue presentado el informe al hemiciclo.
Luego el diputado también reformista Ángel Acosta lo reintrodujo en 2006 y 2007 sin lograr el consenso necesario.
A este proyecto, que contó en su elaboración con la participación de José Ángel Aquino como coordinador del Área de Reforma Político Electoral del COPRYME, se atribuye ser el punto de partida de los proyectos siguientes. Durante toda la década del 2000, Participación Ciudadana se mantuvo realizando esfuerzos para lograr su aprobación.
Propuesta de Ángel Acosta
En agosto 2008 el reformista representante de Santiago Ángel Acosta presentó un proyecto más consumado. Recogió las observaciones hechas por una comisión presidida por el entonces diputado Rafael Calderón, al proyecto de Marte de Barrios. Este proyecto se diferenciaba de sus predecesores en varios aspectos, entre ellos: contempló la titularidad de los cargos electivos a los partidos políticos, eleva el umbral para el reconocimiento y mantenimiento de la personalidad jurídica de un 2% de los votos a un 5%, y establece primarias simultáneas y con un padrón abierto para todos los partidos.
El 11 de agosto de 2009, faltando cuatro días para el fin de la primera legislatura ordinaria, que había sido prorrogada, el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja. Ángel Acosta no fue reelecto en 2010, por lo que su colega Máximo Silverio inició los esfuerzos para su aprobación. Esta semana depositó el proyecto nueva vez en el hemiciclo
Propuesta de la JCE
En junio del 2011 la Junta sometió su Proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas luego de una serie de consultas para su elaboración. El proyecto contiene gran parte del elaborado por el exdiputado Ángel Acosta y es muy similar en su estructura. Sin embargo, difiere en elementos fundamentales: deja a los partidos decidir la fecha y el tipo de padrón a utilizar en las primarias; no otorga la titularidad de los cargos electivos a los partidos y es menos riguroso respecto a la extinción de los partidos, mantiene el 2% como requisito. No obstante, elimina la representación municipal como garante del reconocimiento de los partidos.
Para ese entonces Abel Martínez, quien presidía la Cámara de Diputados, declaró el proyecto como uno de los retos de la segunda legislatura ordinaria de 2011. La Cámara Baja conformó una Comisión Bicameral para estudiarlo, presidida por la diputada Karen Ricardo. Sin embargo, al acercarse el año electoral de 2012, la coyuntura electoral lo sacó de agenda.
En el 2013 la Junta reintrodujo por segunda vez su proyecto, con algunas modificaciones. El 14 de enero de 2013, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) entregó un pliego de observaciones a la Comisión Bicameral que estudiaba la pieza. Lo mismo hizo en abril, la tendencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) liderada por el expresidente Hipólito Mejía. La comisión que trabajó en este proyecto la integró Milagros Ortiz Bosch, César Sánchez Torres, Tirso Mejía Ricart, Héctor Guzmán, Salvador Ramos, Robert Arias, Nelson Estévez y Obispo de los Santos.
De acuerdo a un análisis elaborado por el investigador del OPD-FUNGLODE, Omar Alejandro Pérez presentado en el 2015, estos proyectos (el del PRD y Finjus) aunque fueron tratados por los medios de comunicación como proyectos independientes al de la JCE, en realidad se trató, en ambos casos, de matrices de observaciones al de la entidad electoral.
Proyecto del PRD
En agosto de 2012 el PRD realizó un nuevo proyecto de Ley de Partidos y Garantías Electorales entregado a la Junta con la presencia de juristas como Eduardo Jorge Prats. Fue depositado en el Congreso por el diputado Ruddy González. Del hecho llamó la atención que no se presentaran observaciones, como pidió la Comisión Bicameral, sino todo un nuevo proyecto.
Propuesta del PLD
En el 2014 el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entregó su proyecto de Ley de Partidos. Este proyecto generó reacciones negativas de parte de la sociedad civil por los cambios estructurales que le hicieran a la propuesta de la JCE.
Para Finjus, el PLD introdujo cambios que desnaturalizan la función de los partidos políticos y lo consideró un retroceso institucional.
La pieza, que fue aprobada en primera lectura, fue retirada de la Cámara Baja por el vocero de la bancada, Rubén Maldonado en marzo del 2015 por falta de consenso.
Falta de control ahonda crisis de partidos
A consideración del coordinar de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes, los partidos no tienen intención de que esta ley sea aprobada por cuestiones financieras.
“Los partidos políticos reciben financiamiento a nivel público y privado y no rinden cuentas, porque hacen política para hacerse ricos. No rinden cuentas del dinero que gastan ni a nivel público ni a nivel privado”, expuso.
Explicó que en cuanto a legislación de partidos el país cuenta con una de las más atrasadas del continente.
Consideró que los políticos han usado el tema de la organización de las primarias como excusa para no lograr un consenso respecto al tema.
Manifestó que solo con esta ley puede haber igualdad de condiciones para competir en las elecciones.
