La trágica muerte de la estudiante y menor de edad Sthephora Joseph durante una excursión en Santiago ha generado un amplio debate nacional sobre la seguridad de los viajes y salidas escolares.
Ayer, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a través de su Consultoría Jurídica, advirtió a los docentes que las excursiones escolares son actividades no reguladas, de alto riesgo y sin respaldo legal, por lo que hizo un llamado a los centros educativos a detener de inmediato este tipo de eventos extracurriculares.
“Uso y costumbre no es legalidad. Las escuelas, ni los docentes deben asumir actividades que no tienen un marco jurídico ni un sistema de control adecuado”, sostuvo el consultor jurídico de la ADP, John Bello, durante su participación en La Voz Docente Media.
El jurista hizo esta advertencia a propósito del impacto nacional ocasionado por la muerte de la estudiante, de 11 años de edad, Sthephora Joseph en una excursión en Santiago.
Durante su intervención en el programa Orientación Jurídica Docente, Bello explicó que la Ley General de Educación 66-97 no contempla excursiones, viajes ni salidas escolares, y que estas tampoco figuran en el calendario oficial escolar del Ministerio de Educación (Minerd).
Entre las medidas que el abogado citó que deben adoptarse en los centros educativos públicos y privados están no organizar excursiones fuera del recinto escolar hasta que el Minerd establezca protocolos oficiales.
“Si la comunidad insiste en realizar una salida, cada estudiante debe ir acompañado por su padre, madre o tutor, así como el centro educativo debe exigir autorización formal por escrito del distrito y la regional educativa”, expresó el jurista.
Dijo que es necesario que los padres de los estudiantes menores de edad firmen un descargo de responsabilidad, incluso cuando la actividad no involucre agua. “Prohibido visitar zonas con piscinas, playas, ríos o espacios acuáticos y si se utilizan autobuses, se debe exigir certificación mecánica, frenos y neumáticos en buen estado”, precisó.
Agregó que si un grupo tiene diez estudiantes y solo cinco padres pueden asistir, solo esos cinco niños deben participar. Por otra parte, Bello advirtió que, sin un sistema de supervisión adecuado: policía escolar, transporte oficial y protocolos claros, los centros educativos quedan completamente expuestos.
“El Ministerio de Educación no va a asumir responsabilidades por incidentes fuera del plantel. Luego, cuando pase algo, se lavan las manos, y quien termina sentado en un tribunal es el docente o el director de la escuela en cuestión”, afirmó.
El jurista exhortó a los docentes y directores a reevaluar actividades tradicionales como desfiles, caminatas y salidas recreativas. “Son actividades bonitas, pero peligrosas y no reguladas. Si algo sale mal, nadie mira la parte positiva, solo el daño”, expresó.
Finalmente, Bello instó al Minerd a establecer un marco legal claro, con reglas, personal de seguridad y transporte oficial que permitan retomar las excursiones sin poner en riesgo la vida de los estudiantes.
La conmoción generada por el caso ha sacudido profundamente a la comunidad educativa y al país entero.
En ese sentido, la Pastoral de Niñez y Adolescencia de la Mesa de Diálogo exigió la adopción de medidas radicales e inmediatas en las excursiones organizadas por escuelas y colegios, tras la trágica muerte de Stephora.
Exige ser radicales en la aplicación de protocolos
Ante este panorama, la pastora Elizabeth Serrano, coordinadora de la Pastoral de Niñez y Adolescencia, demandó la reformulación completa de los protocolos de seguridad para excursiones escolares: supervisión adecuada por adulto, personal capacitado en rescate y primeros auxilios, presencia obligatoria de salvavidas certificados en zonas acuáticas, rutas de emergencia preestablecidas y comunicación inmediata con los organismos de socorro. “Un protocolo que existe solo en papel no salva vidas; la prevención real sí”, enfatizó. La Pastoral Infantil demandó la implementación inmediata de nuevos estándares de supervisión, incluyendo evaluaciones previas de riesgos, capacitación obligatoria del personal acompañante, controles estrictos de transporte y la prohibición de actividades que no cuenten con garantías mínimas de seguridad. Además, solicitaron auditorías externas a las instituciones que organizan estas salidas. En ese orden, la coordinadora de la pastoral levantó su voz ante este caso. Insistió en que la falta de claridad oficial alimenta la incertidumbre y el dolor. Cuestionó públicamente que a casi tres semanas después del hecho, las autoridades apenas anuncien que fijarán posición sobre lo ocurrido.
