La abogada Maribel Reyes consideró que, si el Congreso Nacional aprueba nuevas modificaciones al Código Penal, debería extenderse el período de vacatio legis, a fin de que la ciudadanía tenga el tiempo suficiente para conocer los cambios antes de la entrada en vigor de la legislación.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Reyes sostuvo que el propósito del vacatio legis no se ha cumplido plenamente, ya que, aunque algunos sectores jurídicos han estudiado el contenido del nuevo Código Penal, la población en general aún desconoce las implicaciones de la normativa.
“La conclusión a la que hemos llegado es que no se ha logrado el fin que se buscaba con la vacatio legis”, afirmó la jurista, al explicar que este período tenía un doble objetivo: permitir la presentación de propuestas de modificación y garantizar que la sociedad conociera los nuevos tipos penales y sus consecuencias.
Reyes recordó que la Defensoría Pública ya identificó los delitos que atenderá bajo el nuevo Código Penal, pero cuestionó que el Ministerio Público no haya mostrado un nivel similar de preparación frente a la entrada en vigencia de la nueva legislación.
Asimismo, señaló que el Poder Ejecutivo sometió una propuesta para modificar 18 artículos del Código Penal, mientras que diversos juristas presentaron cambios a los artículos 109, 110 y 111, relacionados con la regulación del aborto.
Otras consideraciones
Advirtió que cualquier modificación que sea aprobada debe ser nuevamente explicada a la población y contar con un período de difusión similar al otorgado originalmente al Código Penal.
“No estoy de acuerdo con que se posponga la entrada en vigor, pero si se van a hacer modificaciones, deben hacerse bien y con el tiempo suficiente para su discusión pública y técnica”, expresó.
La abogada también rechazó la posibilidad de aplicar únicamente algunas disposiciones del Código Penal mientras otras permanecen suspendidas. A su juicio, la legislación constituye un conjunto integral y fragmentarla o modular derechos fundamentales requeriría leyes adjetivas u orgánicas, lo que generaría dificultades tanto prácticas como constitucionales.
Añadió que temas como los experimentos biomédicos y la protección de menores, requieren un diálogo más amplio con la comunidad médica y los sectores involucrados antes de adoptar decisiones definitivas.
Respecto a los procesos judiciales pendientes, Reyes indicó que ante el Tribunal Constitucional se han presentado varias acciones directas de inconstitucionalidad contra distintos artículos del Código Penal, algunas acompañadas de medidas cautelares y audiencias públicas, aunque muchas aún permanecen sin respuesta.
Precisó que, solo en relación con las disposiciones sobre el aborto, se han interpuesto al menos 23 acciones ante el Constitucional.
TC acumularía todas las impugnaciones al CP
La jurista destacó además la presentación de varios amicus curiae que solicitan al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre estos recursos y aclarar si determinadas disposiciones se ajustan o no a la Constitución.
En su opinión, las diferentes impugnaciones podrían ser conocidas de manera conjunta mediante audiencias o decisiones que aborden múltiples planteamientos, evitando así procesos fragmentados.
Recordó que también existen recursos que cuestionan el procedimiento legislativo seguido para la aprobación del Código Penal.
