Mao, Valverde.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Valverde impuso presentación periódica e impedimento de salida como medida de coerción contra cuatro pasantes de medicina y una alcaldesa pedánea del municipio de Esperanza.
El grupo está vinculado en el escándalo de falsificación de actas de defunción que sacudió a esta provincia.
Las imputadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, médicos de profesión, así como la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, quienes fueron arrestadas con orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde tras el ministerio público asegurar que obtuvo evidencias que las vinculan con los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en el registro de las defunciones.
La magistrada rechazó la solicitud de garantía económica planteada por el Ministerio Público.
En el caso también figura como principal imputado Máximo Mendoza, señalado como cabecilla de la supuesta red, quien guarda prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El tribunal acogió parcialmente la solicitud del Ministerio Público, ya que la jueza consideró que las pasantes no representan peligro de fuga y que no buscan sustraerse del proceso, además de que el caso fue declarado complejo, lo que extiende el plazo de investigación a un año.
Reacciones del Colegio Médico
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) filial Valverde, doctor Juan Carlos Santos, respaldó la decisión de la magistrada, al tiempo que reiteró que las pasantes no tienen facultad legal para firmar actas de defunción.
“Son médicos pasantes en formación, apenas cumplen un año de pasantía, la responsabilidad recae en médicos generales o especialistas, aquí se está criminalizando la pasantía médica y eso constituye un precedente muy grave”, advirtió.
El gremialista agregó que la pérdida de médicos en formación sería un daño irreparable para la sociedad y pidió que el proceso se maneje con objetividad.
Uno de los abogados defensores insistió en que las jóvenes fueron utilizadas como instrumentos en el proceso, pero que no tenían capacidad legal para alterar registros civiles, por lo que pretender responsabilizar penalmente es un abuso que no se ajusta al derecho.
De su lado, los abogados querellantes consideraron que la medida es proporcional y que las imputadas deberán responder en el marco de la investigación, subrayaron que el caso representa una vulneración grave al registro civil dominicano.
Se recuerda que durante la audiencia, el Palacio de Justicia de Mao estuvo rodeado de decenas de médicos y enfermeras que acudieron en solidaridad con las pasantes, portando pancartas, denunciaron que se trata de un atropello y exigieron garantías de que las jóvenes no sean usadas como “chivos expiatorios”.
Las investigaciones han destapado una presunta red dedicada a declarar como muertas a personas vivas, con fines aún bajo investigación. La trama ha generado gran preocupación en Valverde y otras provincias del Cibao, al poner en entredicho la credibilidad del registro civil.
El Colegio de Abogados de Valverde también fijó posición, defendiendo a los oficiales del Estado Civil de Mao y Esperanza. Aseguró que estos actuaron con transparencia y que la responsabilidad recae en quienes presentaron documentos falsos. “Los oficiales civiles han servido con honestidad durante décadas. No deben ser castigados por fallas administrativas que escapan a su control”, señaló la organización.
