El mercado interno de los combustibles presenta un escenario similar al que imperaba cuando se aprobó la Ley de Hidrocarburos, la cual ahora aparentemente el Gobierno buscará modificar.
Endeudamiento y discrecionalidad en la fijación de los precios de los hidrocarburos matizaban el mercado doméstico cuando se aprobó la Ley 112-00, para entonces creando una amenaza a la estabilidad económica. Ahora, 21 años después, la discrecionalidad ha vuelto, pero con características de deudas y subsidios, con el propósito de amortiguar lo que entonces se evadía: eludir el costo político de las alzas de los combustibles, impulsadas por los incrementos del costo del crudo. Desde enero del 2021 hasta la fecha cada semana el Gobierno asume con los importadores de combustibles deudas de hasta RD$600 millones, para no transferir a los consumidores la totalidad de las alzas que provocan los incrementos del petróleo. El año pasado por ese concepto el Gobierno acumuló deudas por unos RD$13,000 millones. Ya para lo que va del 2022 suma más de RD$2,500 millones.
Idea fuera del texto
Un propósito de la Ley de Hidrocarburos, no descrito en sus motivaciones, la despolitización de los precios, no ha desaparecido y sigue incidiendo en las decisiones de las autoridades. En teoría la ley sería para aplicar el “si sube, sube y si baja, baja” pero en la práctica los mandatos del “mercado” han sido acogidos pocas veces cuando la volatilidad y alza del petróleo han sugerido aumentos elevados. Las presiones de los sectores ligados al transporte de pasajeros y carga han obligado a las diferentes autoridades responsables a conceder cuantiosos subsidios y también a endeudarse, para “compensar” y no traspasar todas las alzas.
En la actualidad, cuando se espera que el Poder Ejecutivo proponga la modificación de la Ley 112-00 al Congreso en la próxima legislatura que inicia a partir del domingo, el mercado de los combustibles está afectado por subsidios, deudas y amenazas de desequilibrios por el impacto en los precios internos de los altos precios del petróleo y sus derivados.
El panorama retrocede al año 2000 cuando se presentó el proyecto para la Ley aprobada bajo el número 112-00, en cuyo segundo considerando se planteaba que “la factura de petróleo y derivados gravita marcadamente sobre la economía del país y en consecuencia, resulta conveniente introducir medidas que incentiven el consumo racional de los combustibles”.
Con esa ley, el Estado convirtió al sector combustibles en contribuyente formal, debido a que hasta entonces el régimen impositivo estaba restringido a una cuota aplicada bajo el nombre de “diferencial”, la cual se cobraba a discrecionalidad de las autoridades de la entonces Secretaría de Industria y Comercio. La Ley 112-00 creó un impuesto específico (que se c obra por volumen) que inició con RD$18.00 al galón de gasolina prémium, RD$15.00 a la regular, RD$6.30 al gasoil, RD$5.00 al kerosene y RD$1.75 al avtur. El gas licuado de petróleo (GLP) quedó exento en esa ley, que le abrió el apetito al fisco del potencial recaudatorio del sector combustibles y cinco años más tarde presentó al Congreso una ley para establecer un impuesto tipo ad valorem de un 16 % para las gasolinas, el gasoil en sus dos categorías y al GLP. A partir de esa nueva incursión impositiva, los combustibles pasaron a ser una de las mayores fuentes de recaudación, con una contribución aproximada del 10 % de los ingresos fiscales. Sobre las gasolinas y el gasoil se aplica otro impuesto específico de dos pesos por galón, cuya recaudación fue concebida para financiar un programa de renovación de la flota del transporte.
Estado debe pagar sus deudas para buscar más
Uno de los alegatos teóricos que sustentó la propuesta para la Ley de Hidrocarburos partía de que el Estado Dominicano está obligado a honrar sus compromisos financieros para poder mantener el crédito y garantizarle al país acceso a nuevos recursos y fuentes de financiamiento.
También se argumentó que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para lograr un crecimiento económico sostenido y que, por tanto, su preservación es de interés nacional. Se insistió en que “para garantizar dicha estabilidad macroeconómica es necesario hacerle frente a dichos compromisos con fuentes de ingresos del Estado que no generen una expansión monetaria y que desencadenen efectos adversos al buen desenvolvimiento de la economía del país”.
El punto de partida para convencer de la necesidad de la ley de Hidrocarburos fue plantear “que la República Dominicana es un país importador neto de energía primaria, condición que se realiza esencialmente importando toda la demanda de petróleo y combustibles derivados a precios que están sujetos a variaciones que se determina en el mercado internacional”.
