A casi un mes de la requisa militar en la Penitenciaría Nacional La Victoria, donde se desmanteló un centro de retransmisión de señal de Internet y ocuparon objetos cortopunzantes, entre otros artefactos que no estaban permitidos, aún no se sabe nada de si han aplicado sanciones a los posibles responsables ni en qué ha quedado la investigación.
El 31 de enero pasado, el recinto carcelario amaneció intervenido por militares que fueron en busca de armas de fuego y blancas o sustancias controladas para ser decomisadas, tras escenificarse una trifulca que dejó como resultado tres reclusos muertos por impacto de bala y otros diez heridos.
Anterior a esta requisa, ya las autoridades penitenciarias habían realizado una de menor envergadura donde fueron ocupadas, entre otras cosas, 85 armas blancas de fabricación carcelaria e industrial, y en la que, además, se dijo estaban investigando cómo fueron introducidas al interior del penal las armas de fuego utilizadas en la riña.
Nadie dice nada
Pero, a más de un mes después del último incidente y tres semanas después de la intervención, el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio, solo dijo a elCaribe que “hay avances en el tema”, sin dar mayores informaciones de qué ha pasado y si se han identificado a quienes permitieron el ingreso a la cárcel de los objetos prohibidos, los celulares o los equipos que permitían tener wifi a todos los privados de libertad e incluso a los residentes de la comunidad de La Victoria, a quienes le vendían el Internet.
Para tener más detalles al respecto, Hernández Basilio remitió a elCaribe hacia el Departamento de Comunicaciones de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), donde dijeron que la “investigación la lleva el Ministerio Público” y “debemos esperar el resultado”.
En la Procuraduría General de la República, de la que depende Servicios Penitenciarios, tampoco se encuentran respuestas. Se preguntó cómo van las investigaciones y si hubo sanciones, pero no respondieron.
La hacinada y sobrepoblada cárcel La Victoria alberga a 7,582 privados de libertad, que representa un tercio de la población penitenciaria total del país, que asciende a 27,146 personas. El penal está bajo la seguridad de agentes de la Policía Nacional, sin embargo, la responsabilidad de este recinto penitenciario, como el de los otros, es de la Procuraduría.
¿Qué se dijo luego de la requisa militar?
A principios de mes, cinco días después de la requisa, la directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, Hilda Patricia Lagombra, al ser preguntada en un programa de televisión aseguró que iban a cambiar a la dotación completa de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, y que también la Inspectoría de la Policía Nacional ha estado investigando a los miembros del cuerpo del orden que prestaban servicio en la hacinada prisión.
