Son 10 proyectos de ley y una resolución. Las piezas fueron promulgadas, perimieron o están pendientes
El Congreso Nacional conoció cientos de iniciativas durante la pasada legislatura ordinaria, muchas de las cuales generaron ruidos en distintos sectores de la vida nacional por aspectos controversiales en ellas.
Se destacan entre las más estrepitosas de 10 proyectos de ley y una resolución. Algunas de las piezas concluyeron su trámite legislativo y fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo, otras, en cambio, perimieron o fueron dejadas a un lado hasta buscar una solución.
Reforma laboral
La modificación del Código de Trabajo vuelve a estar entre las legislaciones más polémicas del Congreso, la cual, una vez más, perimió en la Cámara de Diputados tras llegar del Senado ante los desacuerdos de empresarios y trabajadores por la cesantía, el punto de siempre. Sin embargo, los patronos señalan que hay otros aspectos que requieren consenso, la supuesta verdadera razón del tranque.
El nuevo Código Penal fue el pliego de ley de más atención durante la pasada legislatura. En esos 150 días, los diputados “amagaron# con darle salida, lo que no ocurrió.
Frente al estancamiento de la pieza en la Cámara Baja, el presidente Luis Abinader tuvo que intervenir, pidiendo un compás de espera para que las centrales sindicales y los empresarios se pongan de acuerdo, con el Gobierno como intermediario. No obstante, el proyecto de ley pasó sus 30 días en comisión en vano. La iniciativa cumplirá dos años, el próximo 10 de octubre, de que fue depositada por el Poder Ejecutivo.
El pasado martes, las confederaciones Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y Autónoma Sindical Clasista (CASC) enviaron un comunicado a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados solicitándoles que no retomen la reforma laboral “hasta que el tiempo permita condiciones más favorables para la concertación nacional”.
Modificaciones al Código Penal
Aunque la Ley Orgánica que Instituye el Código Penal de la República Dominicana (Ley 74-25) ya era una realidad en el país luego de casi 30 años de debates en el Congreso, las críticas sobre la misma aumentaban a medida que se acercaba la fecha de su entrada en vigencia, la semana pasada. Sectores reclamaban la revisión de varios articulados de Ley, en especial los relativos a la libertad de expresión, difamación e injuria y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El Congreso escuchó “los gritos” y modificó “en un dos por tres” el marco penal, tras recibir una propuesta de revisión del Poder Ejecutivo, a través de Ricardo de los Santos, presidente del Senado. El Poder Legislativo también recibió decenas de observaciones de sectores.
El pasado 27 de julio, el presidente Abinader promulgó la Ley 44-26, que modifica varias disposiciones del nuevo Código Penal, que entraron en vigencia en conjunto el pasado 5 de agosto. Sin embargo, los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 44-26, relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entrarán en vigor el próximo 5 de noviembre. La prorrogación de la aplicación de los articulados es para que, en este tiempo, las empresas se adecuen a lo dispuesto en el Código.
Candidaturas independientes
La legislación que elimina las candidaturas independientes del régimen electoral dominicano (hoy Ley 13-26), reintroducida por el senador Ramón Rogelio Genao (PRS-La Vega) también trasciende en el listado.
Los congresistas refrendaron la normativa para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 0788-24, que manda adecuar las candidaturas independientes, y lo hicieron a pesar del rechazo de organizaciones cívicas, sociales y comunitarias que reclaman el derecho a aspirar a cargos públicos de elección fuera de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
El 1 de abril de 2026, el presidente Abinader promulgó la Ley 13-26, que deroga los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23, que contemplaban la figura de las candidaturas independientes. En su sentencia emitida en diciembre de 2024, el Constitucional estableció que los artículos 156 y 157 debían ser reinterpretados y redactados conforme a la Constitución.
Ley de Residuos Sólidos
La modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, registrada con el número 36-26, de fecha 6 de julio de 2026, enfrentó una fuerte oposición de organizaciones empresariales durante su paso por el Congreso Nacional, que cuestionaron tanto el contenido de la iniciativa como la rapidez con que fue aprobada.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) fue una de las primeras entidades en manifestar su rechazo, al considerar que la reforma fue conocida mediante un procedimiento de urgencia que limitó el debate y la participación de los sectores afectados.
La nueva legislación, sometida al Senado por Antonio Marte (PPG-Santiago Rodríguez), modifica la Ley 225-20, del 30 de septiembre de 2020, que ya había sido reformada previamente por la Ley 98-25, del 15 de diciembre de 2025.
La Ley 36-26 introduce una nueva escala de contribuciones que obliga a las empresas de mayores ingresos a realizar aportes más elevados al sistema de gestión de residuos y restablece la posibilidad de deducir ese pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Mientras la legislación anterior fijaba un aporte máximo de RD$675,000 para las empresas con ingresos superiores a RD$100 millones, la reforma eleva el tope hasta RD$2.2 millones para las compañías con ingresos que superen los RD$2,500 millones anuales.
La ley, además, prohíbe la importación de productos fabricados con foam (poliestireno expandido), como parte de las acciones para reducir el uso de materiales altamente contaminantes y promover alternativas más sostenibles.
Fusión Mescyt-Minerd
También generó debates y fuertes rechazos la iniciativa de ley del Gobierno que contempla la fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), que perimió en una comisión especial del Senado la medianoche del pasado 27 de julio.
Entre quienes criticaron el proyecto de ley figura la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Acción Empresarial por la Educación (Educa), la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), entre otros.
El rechazo a la pieza se fundamentó principalmente en que no existían estudios técnicos que demostraran su necesidad o viabilidad, mientras sectores advertían que podía afectar la inversión pública y la calidad de la educación, al juntar bajo una misma estructura instituciones con funciones y necesidades distintas; además, cuestionaban posibles mecanismos de privatización o tercerización incluidos en la propuesta.
Ante esto, el Gobierno informó que depositaría al Congreso un proyecto que contemplaría la creación de un nuevo sistema educativo en el marco de una profunda reforma, anunciado por el titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, quien puso varias fechas para el depósito de la normativa, y que aún no llega. El nuevo marco legislativo surge como “sustituto” de la controversial fusión.
El funcionario aclaró, en varias ocasiones, que no se contempla la fusión entre el Minerd y el Mescyt, “sino la creación de un nuevo sistema educativo en el marco de una profunda reforma”
Circunvalación Norte de Santiago
El proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Salvador Jorge Blanco la avenida Circunvalación Norte de la provincia Santiago generó un amplio rechazo en distintos sectores de la referida demarcación.
La pieza, aprobada de urgencia en la Cámara Baja en junio y firmada por más de 50 diputados del oficialismo y de la oposición, entre ellos Alfredo Pacheco, presidente del órgano congresual, desconoce en su contenido la existencia de la Ley 12-15, promulgada en el 2015, por el entonces presidente Danilo Medina, la cual otorga el nombre de Luis Crouch Bogaert a la circunvalación.
Frente a la inobservancia legal y críticas de los sectores en Santiago, Pacheco indicó que el proyecto quedaría “archivado” en la Cámara de Diputados hasta encontrar una salida.
Plan anticrisis
Causó debates también el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, más conocido como plan anticrisis (hoy Ley 30-26, promulgada el 18 de junio de 2026), conocido y aprobado por el Congreso Nacional en seis días.
La oposición tildó la propuesta del Poder del Poder Ejecutivo como una reforma fiscal disfrazada. Aunque en principios la norma no tuvo un rechazo marcado de sectores fuera de los partidos de oposición, más adelante hubo críticas en los cambios tributarios específicos, el impacto que podían tener sobre sectores económicos y contribuyentes, y la rapidez con que el Congreso conoció y aprobó la pieza.
Pago de obras a contratistas
Se suma a las ruidosas la legislación que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal (Ley 16-26), que vino a sustituir la ley que el presidente de la República observó en enero de este año.
El marco legislativo fue controversial porque abrió un mecanismo excepcional para que el Estado pagara obras ejecutadas incluso sin contrato formal, lo que generó cuestionamientos sobre el respeto a las normas de contratación pública, la transparencia en la validación de las deudas y el retraso en poner en funcionamiento la comisión encargada de revisar los expedientes.
Juegos de azar, reforma policial y resolución
Las otras iniciativas estrepitosas que contemplarían las once son el proyecto de ley que regula los juegos de azar, la reforma policial y la resolución que busca descontar salario a los maestros que no vayan a clases por causas injustificadas.
La controversia con la pieza sobre los juegos de azar se centra en que los operadores consideran que el proyecto no garantiza igualdad de condiciones entre los distintos tipos de juegos y apuestas, mientras que otros sectores cuestionan sus mecanismos para controlar la proliferación de establecimientos y proteger a los menores y prevenir la ludopatía.
En cuanto a la reforma policial, las críticas son por las nuevas reglas sobre uso de la fuerza, registros y controles a los agentes, la eliminación del rango de raso, la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción de los policías, además de la rapidez con que el proyecto fue llevada a aprobación en la Cámara de Diputados.
Asimismo, la resolución sobre los profesores generó rechazo porque contempla descontar del salario las ausencias de maestros por huelgas, paros y actividades gremiales durante el horario escolar, lo que la ADP consideró una violación del derecho a la protesta y a la libertad sindical.
Posibilidad
Algunos de los proyectos contemplados aquí podrían volver al centro de debates en la nueva legislatura.
