Representantes de la sociedad civil y de partidos políticos depositaron este lunes en el Tribunal Constitucional (TC) dos recursos de acción de inconstitucionalidad en contra de la ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia.
Apostados frente al órgano extrapoder, los manifestantes denunciaron que la recién promulgada ley viola la libertad de expresión y pensamientos de los ciudadanos, por lo que exigieron que la pieza sea revocada.
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Se pronunciaron al respecto Carmen Orozco, presidenta de Patria Libre y Soberana; Damaris Patrocinio, titular del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (Fomudevi); PriyanKa Rodríguez, representante de RD Inclusive; y Carlos Peña, presidente del Partido Generación Servidores (GenS).
De los dos documentos, uno fue sometido por las organizaciones civiles y el otro por el partido GenS.
Carmen Orozco adelantó que para agilizar el conocimiento de la acción en el TC solicitarán la urgencia.
“Vamos a depositar un amparo urgente, porque no vamos a esperar que esa comisión se ponga de acuerdo; nosotros vamos a tomar la prerrogativa, porque fuimos asaltados. El pueblo fue asaltado, y mientras los poderosos y demás se ponen de acuerdo, les conviene que se alargue, nosotros tenemos que tomar la prerrogativa”, sostuvo.
Su comentario fue en el marco de que el pasado viernes el presidente Luis Abinader motivó el inicio de un diálogo con los sectores que se han pronunciado en contra de algunos aspectos de Ley 1-24, el cual comenzará hoy a las 4:00 de la tarde.
Recurso de GenS
El aspirante a la presidencia del país por el Partido Generación de Servidores sometió el recurso de amparo en la alta corte en contra de la recién promulgada ley convencido de que tanto el Gobierno como los partidos de oposición favorecen la legislación.
Por medio de la instancia, Carlos Peña solicita declarar no conforme a la Constitución la normativa y, en consecuencia, declararla nula de pleno derecho “y revocarla en todas sus partes, por ser contrario a los principios y disposiciones constitucionales consagrados en la Carta Magna del país”.
«Con la Ley 1-24 o Ley DNI, Luís Abinader y su narcopartido PRM pretenden instaurar una narcodictadura, haciendo uso de instrumentos inconstitucionales para limitar la libertad de los ciudadanos, con prácticas que entendíamos ya superadas, como lo es el espionaje, el caliesaje vulgar y la represión institucionalizada para limitar la libre expresión y la intimidad de los dominicanos», manifestó.
En la acción de inconstitucionalidad del partido también se solicita disponer la anulación de cualquier acto y disposiciones conexas derivada de la aplicabilidad y ejecución de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, así como accesoriamente, suspender inmediatamente la ejecución de la ley atacada, “por lo menos con carácter provisional”, hasta tanto el Tribunal Constitucional conozca del asunto con carácter definitivo.
Peña expresó que el gobierno oficialista contó con el apoyo de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la aprobación de la pieza, lo que, a su juicio, pone en evidencia la complicidad de esos partidos en esa “funesta” legislación que viola la intimidad de los dominicanos y conculca derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.
Confusión
Los artículos más atacados de la Ley 1-24 son el 9,11 y 26, y de ellos el número 11, el cual obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información al DNI que pueda afectar la seguridad nacional.
La nueva ley permite a la Dirección Nacional de Inteligencia acceder a informaciones públicas de instituciones del Estado y empresas privadas en su base de datos, así como a los datos generados a través de las telecomunicaciones.
Esto permitiría, según la normativa, un respaldo significativo en los procedimientos de investigación de actos ilícitos por parte de la Procuraduría General.
La parte operativa de la DNI estará sustentada en el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI) formado por todos los organismos y órganos independientes y coordinados de manera funcional, encargados de realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional.
La recién promulgada ley establece que en lo adelante la Dirección Nacional de Investigaciones ya no será una dependencia de las Fuerzas Armadas, sino que operará bajo la supervisión del presidente de la República.
Se recuerda que esta legislación fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional el pasado 10 de enero.
