Organizaciones defensoras del derecho a la salud exigieron al Estado que someta a legalidad a las empresas aseguradas de riesgos laborales y de salud (ARS), las cuales, alegan, violan constantemente la ley 87-01 de Seguridad Social en perjuicio de más de tres millones de afiliados.
Integrantes de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), el Centro Juan Montalvo, Ciudad Alternativa, Insalud y el Centro para el Desarrollo y la Educación (Ceduca) advirtieron que a 17 años de promulgada la ley de Seguridad Social todavía no se ha aplicado a cabalidad el Plan Básico contemplado en el Seguro Familiar de Salud debido a la resistencia de las ARS y a la negligencia del Estado.
Los representantes de esas entidades dijeron que como consecuencia de ese incumplimiento, las personas aseguradas tienen que pagar de sus bolsillos más del 46% de los servicios de salud que requieren. “Las ARS privadas no conformes con las fabulosas ganancias que obtienen del negocio de la salud también se oponen a cualquier iniciativa gubernamental encaminada a garantizar la aplicación de la ley”, afirmaron dirigentes de esas organizaciones en un documento leído durante una marcha frente al Tribunal Superior Administrativo.
