El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada del Ministerio de Defensa, Amílcar Fernández, reveló que el 63 por ciento de empresas de ese ramo opera de manera irregular y contrata a un personal del más bajo nivel.
Durante una reunión con gerentes y presidentes de empresas de seguridad privada, Fernández mostró su preocupación por los últimos asaltos a camiones de envío de valores y señaló que todo obedece a la falta de una legislación. “Todos estos países de Centroamérica ya tienen su legislatura y, aunque los problemas de ellos como países miembros de un espacio continental son mayores que los nuestros, ellos sí tienen herramientas legales que le permiten ejercer una mejor función, más diáfana y más productiva para la sociedad en su conjunto”, dijo.
Dijo que se realizará un levantamiento de todas las armas de fuego en poder de las empresas, en busca de iniciar una regulación del sector y así determinar si algunas de esas armas guardan relación con algún hecho. Insistió en la importancia de aprobar una nueva ley de vigilancia y seguridad privada, cuya iniciativa es del senador Adriano Sánchez Roa. Lamentó que esas empresas privadas que no están regularizadas elijan personal del más bajo nivel sin la debida preparación que se necesita para ese tipo de trabajo.