Organizaciones comunitarias saludaron la decisión del presidente Luis Abinader respecto a declarar el rescate de los ríos Ozama e Isabela de alta prioridad nacional por su impacto positivo en los pobladores de barrios carenciados, pero a la vez externaron preocupación de que en este proceso se vulneren derechos adquiridos.
En un documento de prensa, solicitan que este proceso se aborde sin violar los derechos adquiridos de miles de familias que se encuentran en la zona de incidencia de estos ríos y que no sean desalojados de los terrenos que ocupan desde hace décadas.
En tal sentido sugieren que a cada familia se le ubique en casas dignas en las mismas comunidades donde residen.
Al llamado se unen las organizaciones, Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), Red de Organizaciones del Barrio 27 de Febrero (Reocofe), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), la Junta de Desarrollo La Cuaba del Distrito Municipal La Cuaba y el Consejo de Desarrollo Comunitario La Caleta (Codecoc).
Se suman la Red Urbano Popular, Cooperativa de Producción Social de la Vivienda, Hábitat y Servicios Múltiples, Foro Interbarrial Permanente (Foinpe), entre otras redes sociales de la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Entienden que el decreto debió incluir a organizaciones barriales como veedores en la intervención que dispuso el presidente Abinader, cuya ejecución está a cargo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)
Aseguran que hasta ahora dicha entidad ha realizado sus trabajos sin la debida participación de la comunidad y de las organizaciones barriales que poseen experiencias para ese tipo de trabajo.
Expresan que tanto URBE como el Ministerio de Medio Ambiente deben consensuar entre ellos y con las organizaciones comunitarias para evitar confrontaciones y violaciones de los derechos adquiridos de los pobladores.
