La informalidad que permea esta modalidad de transporte se ha convertido en un asunto de seguridad ciudadana
El motoconcho ha crecido de manera vertiginosa en el país. Se estima que cerca de 200 mil personas se dedican a esta actividad. Sin dudas, se trata de un gran generador de empleo informal que a su vez ofrece una opción rápida de desplazamiento a miles de usuarios.
Pero este crecimiento surgió sin planificación y con débil regulación, lo que da lugar a que algunos “piratas” se infiltren en el servicio en detrimento de la seguridad de los ciudadanos y de la imagen de aquellos motoconchistas que hacen un esfuerzo por estar organizados.
La experiencia enseña que para ejercer este oficio basta con adquirir una motocicleta y comprar un chaleco reflectivo en la ferretería de preferencia, sin ningún código de rastreabilidad que los identifique.
Según los números que maneja la Federación Nacional de Motoconchistas, (Fenamoto), en el país hay un subregistro que puede superar las mil paradas de motoncohistas que operan en las vías públicas sin ninguna regulación.
“Todo el infeliz que no quiere robar ni atracar, compra una motocicleta y busca el sustento de su familia”, comenta a elCaribe el presidente de Fenamoto, Oscar Almánzar.
No obstante, admite que “hay personas que se disfrazan del motoconcho y cometen fechorías, delincuencia, atracos, robos, por eso hemos hecho énfasis con el Intrant, con la Policía Nacional de que se tiene ya, con el Gobierno central, que separar al motorista del motoconchista”
Y es que más que una muestra de desorden en el servicio de transporte, la falta de regulación y depuración de quienes ejercen el motoncocho en el país, conduce a esta actividad al terreno de la inseguridad.
Los indicadores sobre seguridad, tampoco favorecen al oficio de por sí ya estigmatizado, mediante el cual se sustentan miles de hogares en la República Dominicana de manera digna.
Las estadísticas más recientes arrojan que el 73.8 por ciento de los robos perpetrados en el país se cometieron con motocicletas. El dato salió a relucir en el encuentro sobre seguridad el pasado lunes 28 de agosto, que esa vez estuvo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña. El último esfuerzo por regular al sector no alcanzó el objetivo trazado. Así lo evidencian los resultados del Plan Nacional de Registro de Motocicletas, un elemento clave de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
El programa, que comenzó a mediados del 2021, buscaba hacer frente a los actos delictivos que se realizan a bordo de motores como popularmente se le conoce. Pero apenas 657,598 unidades quedaron asentadas en el registro de un parque vehicular que a diciembre del 2022, se fijaba 3 millones 063 mil 704 motocicletas.
El accidentado programa, cuya legalidad terminó dirimiéndose en el Tribunal Superior Administrativo, alcanzó a solo el 21 por ciento del total de motocicletas que circulan en el país.
De acuerdo con Oscar Almánzar, presidente de Fenamoto, el “fracaso” de esta iniciativa era de esperarse.
“No captaron lo que el presidente de la República quería y nosotros en algún momento le dijimos como conocedores del sector que eso iba a ser un fracaso”, precisó.
Desde su perspectiva, primero se debió crear una base de datos de todos los que tuvieron una motocicleta en el país. “Eso iba a contribuir con la seguridad ciudadana. Era crear una logística por el Gobierno de llevar a las personas a registrarse gratis, lo que pasa es que comenzaron a comprar una supuesta licencia de RD$600 y eso lo que se convirtió fue en una recaudación, no en regular”, sostuvo.
Precisamente, el registro tiene un costo de RD$600 e incluye la licencia de conducir categoría 1, que se emite por un período de tres años.
Según reveló el titular de Fenamoto, las autoridades oficiales se aprestan al relanzamiento del registro de motocicletas. “A ese registro se le harán algunas correcciones. El director del Intrant está en eso, en conjunto con las autoridades, para ver cómo se acomoda que todo el que tenga una motocicleta pueda ir a registrarse”, señaló.
“Ahora Hugo Beras está analizando darle continuidad, pero con la creación de una base de datos de todo el que tiene una motocicleta”, agregó acerca de lo acordado en los últimos encuentros de la mesa de diálogo.
En ese sentido, informó que está en discusión una propuesta, presentada por Fenamoto, que busca la creación del Centro de Atención al Motociclista, orientado a la educación, prevención y formalización del sector.
Como federación que aglutina casi 40 mil miembros con presencia en 27 provincias, aseguró que esta organización trabaja para que sus afiliados estén identificados con su carnet, chalecos, número de ficha y de la central.
Afirma que Fenamoto tiene el cuidado de depurar a los interesados en entrar a un sindicato afiliado, por lo que se le exige la entrega del certificado de buena conducta. Pero el alcance de esta organización es limitado, poco más de 200 mil personas se dedican al motoconcho o tienen este oficio como empleo secundario. En el 2017, las autoridades oficiales manejaban el dato de 2,500 paradas registradas. Actualmente, de acuerdo con las estimaciones de Fenamoto, ya deben existir cerca de cuatro mil.
Sigue la irregularidad en importación de motores
El Plan Estratégico de Seguridad Vial 2017-2020, precisa que “se sigue enfrentando la existencia de subregistros de motocicletas con documentación incompleta (propietarios y no propietarios), como producto de ventas no formalizadas, retención de documentos de registro como garantía de financiamiento, compañías inactivas o informales, entre otros”. Asimismo se evidencian motocicletas que no están registradas en la Dirección General de Aduanas y/o en la Dirección General de Impuestos Internos, debido a importaciones sin documentación ni pago de impuestos aduanales, o motocicletas que pagaron sus impuestos de importación, pero que no han pagado su primera placa y no cuentan con documentación de registro. “Para la solución a esta problemática se inició en el mes de junio del año 2021 con la puesta en marcha el Plan Nacional de Registro de Motocicletas, coordinado por el Intrant, por lo cual es de suma importancia para República Dominicana seguir fortaleciendo este proceso”, concluye el documento.
