Propuestas reformas estaban desde que el PRM era oposición

El Poder Ejecutivo envió al CES un anteproyecto de ley, que plantea reformas a la Constitución, para que se discuta con sectores.
Las reformas en el MP, las altas cortes y otros órganos extrapoder estaban concebidas en programa de Gobierno

La idea del Gobierno de impulsar reformas para, entre otras cosas, garantizar la independencia del Ministerio Público y alejar a todos los órganos extrapoder de lo que ha nombrado “intenciones políticas” no es algo nuevo ni inventado en la marcha por el Poder Ejecutivo.

Desde que el ahora oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) era oposición, en su plan de Gobierno planteaba la necesidad de hacer reformas “profundas” en el sistema de justicia, en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y, en las altas cortes, con el fin de despolitizar y hacer más independientes las instituciones.

“El sistema de justicia debe transformarse para garantizar su imparcialidad e independencia y devolverle al Consejo Nacional de la Magistratura su conformación original para evitar que se formen mayorías mecánicas en beneficio del grupo que gobierna”, sostiene el “Programa de Gobierno del Cambio del Partido Revolucionario Moderno 2020-2024” en la página 123 del documento en el tema “Una reforma profunda en el sistema de justicia”. La composición inicial del CNM, antes de 2011, no incluía al procurador general de la República, y solo componían ese órgano el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un juez de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Senado, un senador, el presidente de la Cámara de Diputados, y un diputado. Ahora, con el anteproyecto de ley de reforma a la Carta Magna que envió el gobierno al Consejo Económico y Social (CES), se propone excluir al procurador del CNM.

Despolitizar las altas cortes, como el Tribunal Constitucional (TC), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), también lo contempló el PRM en su programa de gobierno, diciendo de manera muy clara que su objetivo era que esto se prohibiera. “Prohibir a una persona ser juez de las Altas Cortes si ha tenido militancia política y/o haya tenido un puesto de libre designación durante los 5 años previos”, tal como lo establece la propuesta de reforma constitucional que envió el Poder Ejecutivo al CES para que se discuta en el diálogo por las reformas, específicamente en la mesa temática de Transparencia e Institucionalidad.

Sobre la conformación del MP

El discurso de un Ministerio Público independiente fue algo que se popularizó durante la campaña electoral del PRM antes de llegar al Gobierno, con el nombramiento de una figura de peso, pero también con reformas que en un futuro lo garantice.

“Haremos un gobierno que promueva y garantice una justicia y, especialmente, un Ministerio Público independiente”, afirmaba el PRM en su plan.

En el programa de gobierno del PRM esto también estaba incluido. “Separar las funciones judiciales del Ministerio Público de la política, por lo que asumimos el compromiso de promover una reforma que le reserve a la Procuraduría General de la República las funciones de representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales”, reza el documento que fue depositado ante la Junta Central Electoral (JCE).

En ese mismo sentido, se prometía, además, “crear un mecanismo compatible con la Constitución para crear un Ministerio Público independiente”.

A ello, agregaba el PRM en su propuesta de Gobierno desde la oposición, “fortalecer los mecanismos de control y transparencia del Poder Judicial y del Ministerio Público” y “fortalecer los sistemas de evaluación y desempeño de sus integrantes”.

En lo que había concebido el PRM desde la oposición si llegaba al poder, como lo en efecto lo hizo el 16 de agosto de 2020, estaba, de igual forma, “fortalecer las instituciones republicanas para mejorar la capacidad de regulación y equilibrio de los poderes del Estado” y “promocionar una reforma política con el fin de garantizar equidad y participación”.

Sobre el mismo aspecto de la justicia, prometía “adecentar y hacer menos costoso el acceso a los servicios judiciales, estableciendo mecanismos procesales que hagan más expedita y certera la justicia por medio de reformas integrales de los procesos jurisdiccionales, basados en nuestra tradición jurídica y en la realidad de nuestra normativa sustantiva”.

Asimismo, profundizar el sistema de carrera judicial e incrementar el presupuesto de ese poder, promover una reforma integral de las instituciones que inciden en el sector justicia, incluyendo la Policía Nacional y el Ministerio Público y garantizar concursos de oposición, es decir exámenes para determinar la elegibilidad los jueces de carrera y abogados para la Suprema Corte de Justicia.

Agregaba también, dentro de sus propuestas de reformas “descentralizar los organismos técnicos tales como el Inacif, Prisiones, entre otros, garantizando su autonomía e independencia”, además de “garantizar la asignación presupuestaria” del Ministerio Público.

Prohibición políticos en las altas cortes

El anteproyecto que se discute en el CES plantea que se agregue como requisito que, para ser juez del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral o miembro de la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas (CC), el postulante, durante los cinco años previos a su designación, no puede ser militante de un partido político ni haber realizado proselitismo.

También propone unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales, el tercer domingo de mayo, cada cuatro años, así como prohibir el arrastre electoral en todos los niveles de votación. Incluye un transitorio que indica que esa unificación sólo aplique luego de los comicios del año 2024.

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