El presidente Luis Abinader anunció la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia San Juan, luego del amplio rechazo social expresado durante la marcha del pasado domingo 3 de mayo.
El mandatario afirmó que su Gobierno actuó conforme a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalando que cuando existe una oposición masiva de la población a un proyecto de alto impacto ambiental, “no es viable continuarlo”.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”
Expresó Abinader en un mensaje dirigido al país.
La decisión se produce después de que miles de personas marcharan en San Juan de la Maguana hasta la Presa de Sabaneta, considerada una de las infraestructuras agrícolas más importantes de la región sur.
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Durante la protesta, manifestantes portaban pancartas con frases como “El agua vale más que el oro” y “San Juan se respeta”, mientras exigían la cancelación definitiva del proyecto impulsado por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp.
Lo que establece la Ley 64-00 sobre proyectos ambientales y rechazo ciudadano
Aunque la Ley 64-00 no menciona textualmente que un proyecto debe cancelarse por rechazo popular, sí establece principios ambientales y sociales que condicionan su viabilidad.
Uno de los artículos más relevantes es el Artículo 38, que crea el proceso de evaluación ambiental e incluye como instrumento obligatorio la “consulta pública”. Esto significa que las comunidades afectadas tienen derecho a participar y expresar su posición antes de aprobar iniciativas de gran impacto.
Asimismo, el Artículo 41 establece que proyectos mineros, industriales o de explotación de recursos naturales requieren estudios de impacto ambiental obligatorios, especialmente cuando puedan afectar ecosistemas, fuentes de agua o asentamientos humanos.
Otro punto clave aparece en el Artículo 6, donde la ley reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano y ordena al Estado garantizar la participación de las comunidades en la conservación y gestión de los recursos naturales.
Especialistas en derecho ambiental consideran que estos artículos fortalecen el criterio político y técnico utilizado por el Gobierno para detener temporalmente el proyecto Romero ante el rechazo social evidenciado en San Juan.
La marcha del 3 de mayo encendió la presión social
La protesta del domingo reunió a organizaciones ambientales, productores agrícolas, estudiantes, dirigentes comunitarios y ciudadanos llegados desde distintos puntos del país. La movilización recorrió varias calles de San Juan hasta llegar a las inmediaciones de la Presa de Sabaneta, donde el ambiente se tornó tenso tras la intervención policial con bombas lacrimógenas y chorros de agua.
Los participantes aseguraron que la explotación minera pondría en riesgo importantes fuentes acuíferas y afectaría la producción agrícola de la provincia. San Juan es considerada una de las principales zonas agrícolas del país y depende en gran medida del agua almacenada en la presa.
Durante la jornada también participaron líderes políticos locales, entre ellos el alcalde Lenin de la Rosa y el senador Felix Bautista, quienes manifestaron públicamente su rechazo a proyectos mineros que puedan comprometer la salud y el futuro de la provincia.
El presidente Abinader aclaró que el proyecto Romero no contaba con autorización de explotación y que únicamente se encontraba en fase de evaluación ambiental. Recordó que las concesiones de exploración datan de los años 2005 y 2010, mientras que estudios técnicos fueron autorizados en 2015 y 2018.
Sin embargo, el fuerte rechazo ciudadano terminó inclinando la balanza política y social hacia la suspensión inmediata de las actividades relacionadas con el proyecto.
