SFM bajo cerco: Justicia frente a la indignación por Ángel Manuel

San Francisco de Macorís.– El Palacio de Justicia de esta ciudad no es hoy un edificio cualquiera; es un búnker. Desde el alba de este miércoles, el recinto se encuentra bajo un blindaje institucional sin precedentes, donde el verde olivo de los uniformes militares y el uniforme verde de la Policía Nacional se confunden con el silencio expectante de una sociedad que exige respuestas.

El motivo de este despliegue es el inicio del juicio para el conocimiento de la medida de coerción contra un oficial del Ejército Dominicano, señalado como el responsable de la muerte de Ángel Manuel Luna, un adolescente de apenas 16 años cuya vida se apagó en un trágico incidente vial.

Un Palacio sitiado por la precaución

Las autoridades no han querido dejar nada al azar. Con cordones de seguridad que limitan el acceso y una vigilancia estricta en cada entrada, el objetivo es claro: evitar que la indignación colectiva se desborde. Sin embargo, a pesar del metal y los fusiles, el mensaje de los ciudadanos logra filtrarse.

Familiares y vecinos se mantienen en las periferias. Su protesta no es de piedras, sino de consignas. El clamor es unísono: que el uniforme del imputado no se convierta en un escudo contra la ley.

Operatividad judicial: Dentro, el Palacio intenta mantener una fachada de normalidad. Las labores administrativas continúan, pero la tensión en el aire delata que hoy todo gira en torno a una sola sala de audiencias.

“Justicia, no impunidad”: Es la frase que resume el sentir de una comunidad que ve en este caso una prueba de fuego para el sistema judicial de la provincia Duarte.

El siguiente paso legal

Aunque el Ministerio Público formalizó su solicitud de medida de coerción la tarde del martes, los detalles del expediente se han manejado con hermetismo. El país observa a San Francisco de Macorís, no solo por el despliegue de fuerza, sino por el precedente que sentará la decisión sobre el futuro inmediato del oficial involucrado.

La audiencia de hoy determinará si el imputado enfrentará el proceso en libertad o bajo prisión preventiva, en lo que promete ser uno de los casos más seguidos en lo que va del año en la región Nordeste.

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