Confía en que la propuesta sea discutida “sin desvirtuar su espíritu”; Finjus también expresa su apoyo a la pieza
La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresaron su firme respaldo al proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el pasado 2 de mayo.
La SSD confía en que cuando la pieza legislativa sea discutida en el Senado y la Cámara de Diputados, se permita enriquecer aún más el texto legal, pero “sin desvirtuar su espíritu ni retardar su aprobación”.
En ese sentido, destaca que en ocasión de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a celebrarse en octubre próximo en el país, sería “profundamente enaltecedor” para la República Dominicana el poder presentar ante el mundo “una ley modelo” en materia de libertad de expresión y regulación de medios, “fruto del consenso y del compromiso democrático”.
La organización profesional que agrupa a los principales diarios del país valora que el texto legislativo que reposa en la Cámara Alta consagra principios esenciales como la libertad de expresión sin censura previa, el acceso universal a internet como derecho habilitante, la equidad en el uso del espacio mediático, la neutralidad de la red, el respeto a la crítica pública y la protección a la labor periodística mediante figuras como el secreto profesional, la cláusula de conciencia y el derecho a la rectificación.
“Al acoger la propuesta como base y canalizarla institucionalmente al Congreso Nacional, donde deberá seguir su curso natural de deliberación democrática, el Poder Ejecutivo reconoce la importancia de los medios de comunicación en una democracia”, indica el comunicado a nombre de los ocho periódicos impresos de más trascendencia de la República.
Afirma, además, que la norma legislativa es el resultado de un amplio proceso de consultas, reflexión técnica y concertación entre diversos sectores de la sociedad civil, la academia, juristas especializados, periodistas y representantes de medios de comunicación.
Recuerda que durante más de dos años, la propuesta fue trabajada con el objetivo de modernizar la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962, para así garantizar derechos fundamentales y responder a los desafíos del ecosistema digital contemporáneo.
Con su apoyo al pliego legislativo, la Sociedad Dominicana de Diarios reitera su compromiso con una ley moderna, equilibrada y respetuosa de los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales y la diversidad de voces que nutren la democracia dominicana. “Invitamos a todos los sectores sociales a acompañar este proceso con altura y responsabilidad”, concluye.
Finjus: pliego de ley representa un avance significativo
Al externar su espaldarazo, mediante un documento de tres páginas remitido a los medios de comunicación, la Fundación Institucionalidad y Justicia señala que la pieza legislativa representa un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión en el país.
Pondera que la reforma legal está alineada con la realidad actual del país y que su estructura normativa refleja un esfuerzo por ofrecer un instrumento jurídico coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos.
Para la entidad cívica es destacable del pliego que regula la libertad de expresión, el tratamiento que se otorga a las amenazas que enfrentan los menores en el entorno digital, ya dicha legislación presta una atención especial a estos desafíos, “integrando medidas que buscan preservar la integridad física, emocional y moral de este grupo vulnerable”.
La desindexación
El documento firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, también resalta de la iniciativa la inclusión de la figura de la desindexación, que es mecanismo con el cual se puede solicitar la eliminación de contenidos en buscadores digitales.
La desindexación opera a través de una orden judicial y bajo criterios objetivos, reglamentados y siempre que se compruebe un daño real y significativo. “Esta figura equilibra los derechos de quienes podrían resultar afectados por determinadas publicaciones con la necesidad de no restringir de manera injustificada la expresión de pensamientos legítimos”, sostiene el escrito.
En su artículo 23, la pieza establece que la desindexación de contenidos en internet procederá exclusivamente cuando el solicitante pruebe un daño cierto y sustantivo a su vida privada o que afecte su dignidad, y sólo a través de una orden judicial adoptada en el marco de un proceso respetuoso del debido proceso, en el que puedan ejercer su defensa todas las partes involucradas, incluyendo quien se expresa, representantes del medio de comunicación o quien edita el sitio web que pudiera verse afectado y los intermediarios.
Trabajó la reforma de ley por más de dos años
En 23 de junio de 2022, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 333-22, mediante el cual creó e integró, con carácter honorífico, la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), la cual tuvo a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión: Ley 6132.
La comisión consultiva estuvo conformada por un equipo plural de juristas y comunicadores.
Formaron parte de la misma Namphi Rodríguez, quien fungió como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.
Senado
El órgano legislativo convocó sesión ordinaria para este martes, a las 2:00 de la tarde; podría remitir la pieza a estudio.
