El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) culminó su primera subasta pública, que alcanzó una recaudación total de RD$562,835,000.
Durante la jornada fueron vendidos un total de 100 bienes muebles e inmuebles, de los 143 bienes puestos en subasta, logrando una efectividad de venta equivalente al 68 % del total general. Del total adjudicado, 52 correspondieron a inmuebles y 48 a bienes muebles.
La entidad informó que las ventas de inmuebles alcanzaron un monto de RD$550,170,000, mientras que los bienes muebles totalizaron RD$12,665,000 en ventas.
Asimismo, Incabide destacó la amplia participación de ciudadanos y empresas interesados en formar parte de este importante proceso, desarrollado bajo criterios de transparencia, legalidad y organización institucional.
De igual manera, la institución indicó que 4 bienes fueron declarados desiertos, mientras que 43 bienes quedaron pendientes para futuras fases del proceso de disposición, conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente de la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio.
Proceso normativo
El Instituto Nacional de Administración de Bienes Incautados explicó que esta subasta pública fue realizada como parte del proceso establecido en la Ley 60-23 sobre Extinción de Dominio.
La jornada representa un paso significativo en la implementación de la normativa que regula la administración, custodia y disposición de bienes vinculados a actividades ilícitas, fortaleciendo los mecanismos de transparencia y recuperación de activos en beneficio del Estado dominicano. La subasta se desarrolló contó con la participación de ciudadanos e interesados en adquirir los bienes ofertados por la institución.
Reitera compromiso con la Ley 60-23
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide), reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de la Ley 60-23, que promueve procedimientos apegados a la legalidad y la transparencia administrativa. Garantiza procesos transparentes y eficientes.
