El presidente de la Cámara Penal de Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Canó, reconoció ayer que por debilidades en aplicación de la ley, muchos jueces dejan vencer los plazos para que concluyan casos penales en primera instancia.
Durante su participación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde opta por ser uno de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, Canó destacó como positivo el acuerdo mediante el cual la Procuraduría General de la república, el Poder Judicial y la Defensa Pública buscan descongestionar el sistema aplicando medios alternos de resolución de conflictos.
Enfatizó la necesidad de ampliar el plazo razonable en los procesos penales, como una forma de garantizar la seguridad jurídica y promover una visión principalista que refuerce la efectividad de la normativa procesal penal.
Para él, “no hay razonabilidad”, en establecer el mismo plazo máximo de duración de los procesos para los casos ordinarios y los declarados complejos. Puesto que en la práctica son muy distintos.
“Nosotros felicitamos, y en nombre del propio Poder Judicial, nosotros agradecemos” a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y al componente de jueces de la Suprema Corte de Justicia que iniciaron el 2023 con una resolución para resoluciones alternas de disputas para precisamente motivar a eliminar, tanto del Ministerio Público como en la sociedad dominicana la mentalidad de pleitos, refirió el magistrado al destacar el gran volumen de casos que se judicializa en el país”.
Como integrante del Comité de Comportamiento Ético, propuso diseñar mecanismos que incentiven a los jueces a mantener la convicción de hacer lo correcto porque “hacer lo correcto nunca pasa de moda”. “Sin ética, el Poder Judicial es nulo”, dijo.
