Dos de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años han entrado en una etapa decisiva, en la que corresponde al sistema de justicia fijar postura frente a los hechos penales imputados por el Ministerio Público a civiles, militares y exfuncionarios.
Tras más de un año y nueve meses, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dieron por concluidos, el pasado jueves, los debates del juicio seguido contra el general Adán Benoni Cáceres Silvestre y demás acusados de integrar un supuesto entramado religioso-militar que habría desfalcado al Estado con más de RD$4,500 millones.
Las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yune y Jissel Naranjo se reservaron el fallo para el próximo 15 de junio a las 3:00 de la tarde, generando expectativa tanto en las partes del proceso como en la ciudadanía, ante la solicitud hecha por el Ministerio Público de condenas que oscilan entre cinco y 20 años de prisión.
Al respecto, la abogada Vicmary García, representante legal del teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Erasmo Roger Pérez, expresó que espera “una lluvia de absoluciones en el caso”. “Cantidad no es calidad. Si bien el Ministerio Público depositó muchas pruebas, al final estas no demostraron lo que pretendían”, sostuvo.
Caso funcionarios de Danilo Medina
De igual forma, el pasado mes de marzo la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, se retiró a ponderar si envía o no a juicio a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y otros acusados de liderar un entramado que habría malversado más de 19 mil millones de pesos del erario.
“La jueza tendrá que hacer una delimitación, porque no todos los imputados tienen la misma actuación. Su responsabilidad es determinar si los tipos penales y los elementos probatorios se subsumen en la norma”, advirtió Hirohito Reyes, representante legal.
Otro caso que también se acerca a concluir la fase preliminar es el que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; al empresario Jochi Gómez; y a otros acusados de corrupción, sabotaje a infraestructuras críticas del Estado y otros delitos. Ayer, el Ministerio Público y la parte civil presentaron sus réplicas, restando únicamente la contrarréplica de los imputados para que la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción, Yanibet Rivas, esté en condiciones de decidir si dicta auto de apertura a juicio.
Expediente en contra de exdirector del Intrant
De acuerdo al Ministerio Público, Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), está acusado de corrupción administrativa, desfalco al Estado por más de 12 mil millones de pesos, asociación de malhechores, falsificación, lavado de activos y sabotaje a la red semafórica. Se le señala por adjudicar fraudulentamente un contrato de semáforos a la empresa Transcore Latam.
