El presidente Luis Abinader anunció que una ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de Migrantes se remitirá al Congreso Nacional en los próximos días.
«Leyes que tenían décadas sin ser aprobadas como la de extinción de dominio, la ley que prohíbe el matrimonio infantil, la ley de aduanas o la ley de desarrollo fronterizo están aprobadas. En los próximos días remitiremos al Congreso la ley contra la trata y tráfico ilícito de Migrantes. Y es muy importante sacar adelante, lo antes posible, la ley de ordenamiento territorial y Uso de Suelos. Asimismo la reforma a la ley de compras entre otras», puntualizó el mandatario durante su discurso de dos años de gobierno.
El anuncio del primer mandatario llega a pocas semanas después de que la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana desvelara su Informe sobre la Trata de Personas 2022. En dicho informe, el órgano diplomático estadounidense asegura que el país «no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Pero está llevando a cabo esfuerzos significativos para lograrlo. Esto coloca al país en el nivel dos en este área».
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Entre los años 2018 y 2021, las autoridades dominicanas identificaron un promedio de 450 víctimas de la trata de personas en el país. Y en el primer semestre del 2022 se judicializaron unos 88 casos, sin contar la reciente operación Cattleya en la que se identificaron 80 víctimas más.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (P.E.T.T.) es la responsable de implementar una política criminal nacional de combate al crimen organizado. Es la encargada de cumplir la Ley 137-03, que es la que sanciona los delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Dicha ley data el año 2003. Y penaliza todas las formas de tráfico laboral y algunas formas de tráfico sexual y estableciendo penas de 15 a 20 años de prisión y multas de hasta 175 salarios mínimos.
Pero la ley requiere una demostración de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de tráfico sexual de niños. Asimismo, no criminaliza todas las formas de tráfico sexual en menores.
