La denuncia de que los gobiernos de turno se aprovechan del poder para utilizar dinero público durante la campaña es recurrente

La denuncia del uso de los recursos del Estado en tiempos de campaña electoral es tan vieja como antiguo es el ejercicio de la política en el país. Para tiempos electorales, siempre cala en la opinión pública la acusación, por parte de la oposición, de que el partido de gobierno utiliza los fondos públicos para continuar en el poder o para proyectos reeleccionistas.

Cuando falta poco menos de dos meses para que arranque la precampaña electoral, que comienza oficialmente el próximo 2 de julio, el presidente Luis Abinader lanzó la advertencia de que esta administración no será flexible con los recursos del Estado para la campaña y que, en cambio, se endurecerán las medidas de transparencia, control y auditorías en las instituciones en el tiempo electoral.

En esta ocasión, y aun sin que este haya dicho si pretende optar por otro período de gobierno, pero sí de que el partido oficialista trabajará para continuar en el poder, el gobernante se anticipó a la denuncia que de manera recurrente surge en los procesos comiciales, para dejar como mensaje que “la transparencia es fundamental y esencial” en el ejercicio de la política.

El PRM, cuando era oposición, lideró denuncias

En los dos últimos procesos electorales, es decir, en la precampaña de 2015 y la campaña de 2016, así como en la precampaña de 2019 y la campaña de 2020, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que en ese momento era oposición, fue una de las organizaciones que más duro dieron al tema de uso de los recursos del Estado en favor de las candidaturas del entonces gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El pasado jueves, el presidente Abinader hizo alusión a esta práctica, cuando dijo que “tradicionalmente en el país, desde que se acercan elecciones, pues ya están más cerca las actividades políticas, el Gobierno se flexibiliza” y que “eso había pasado en las elecciones pasadas”.

En el pasado proceso, la Junta Central Electoral (JCE), -que trabajaba con la aplicación de una nueva ley electoral, la 15-19-, fue el centro de las mayores denuncias en este sentido.

Fueron varias las ocasiones en las que el PRM acudió ante el árbitro electoral. Se recuerda, de acuerdo a los registros, cuando se denunció que, supuestamente por mantenerse en el poder, el Gobierno usaba recursos del Estado en 2020, específicamente del Plan Social de la Presidencia, para la adquisición de electrodomésticos y enseres del hogar, en violación a la Ley 15-19, hoy derogada por la 20-23.

El PRM también denunció que, supuestamente, el que fuera candidato a senador del PLD, Rafael Paz y el antiguo director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Alejandro Montás, usaban los fondos del Estado en beneficio de la candidatura senatorial.

Asimismo, a tan solo días de las fallidas elecciones municipales de febrero de 2020, miembros de doce partidos de la oposición se reunieron con integrantes de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para externar su preocupación por lo que consideraban “uso abusivo de los fondos públicos” por parte del Gobierno encabezado entonces por Danilo Medina para, presuntamente, captar votos en favor del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El delegado político de entonces del PRM ante la JCE, Orlando Jorge Mera (hoy fallecido), habló en nombre de todos tras el encuentro en un hotel de la capital. En ese momento, las organizaciones políticas entregaron a la comisión electoral copia de las instancias que todos habían llevado a las autoridades competentes y también informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre el asunto.

Hicieron la denuncia además del PRM, Fuerza del Pueblo (FP), Alianza País, Partido Humanista Dominicano y del Bloque Institucional Social Demócrata, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Alianza por la Democracia, Fuerza Nacional Progresista, Partido Nacional Social Demócrata y Partido de Unidad Nacional.

En 2015-2016 fue igual, fueron varias las veces que el PRM pidió investigaciones sobre el uso del dinero público utilizado para fines proselitistas. En 2016, una comisión del PRM visitó la JCE, encabezada en ese momento por Roberto Rosario, entregaron una misiva alertando “sobre el uso de los fondos públicos en la actual campaña electoral”.

La comisión la integraba el presidente en funciones del PRM en ese momento, Orlando Jorge Mera; Jesús Vázquez, que era el secretario general, y José Marte Piantini, como delegado político ante la JCE.

Para esa fecha, también se había acercado al órgano rector de comicios el partido Alianza País con comunicaciones con distintos señalamientos sobre la equidad que debía primar en la campaña electoral, de cara elecciones de 2016.

En 2012, cuando era candidato a la presidencia Danilo Medina y Margarita Cedeño candidata a la vicepresidencia por el PLD, también hizo aparición la denuncia de uso de los recursos del Estado. El PLD era el partido de gobierno y ganó las elecciones en 2012.

En el período de campaña “llovieron” las denuncias por “uso masivo” de los fondos públicos y estas provenían de la oposición, pero también de la sociedad civil y otras sectores.

En ese entonces, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), denunciaba el uso descontrolado de los recursos del Estado a favor de Medina y su compañera de boleta Margarita Cedeño, que era primera dama del país.

El PRD afirmaba, en varias ocasiones, que el costo de la propaganda política oficial se cubría con los impuestos que pagaba el pueblo.

El movimiento Participación Ciudadana junto a los politólogos Rosario Espinal y Carlos Báez Evertsz, manifestaba su preocupación en 2012 por esta práctica.

Planteaban que “al uso de los recursos del Estado en favor del candidato oficialista, sólo le faltó que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía enarbolaran la bandera del partido de Gobierno, como ocurrió en las elecciones de 1978, cuando perdió el poder el presidente Joaquín Balaguer”.

¿Qué dice la legislación electoral sobre esto?

El próximo proceso electoral llegará con la Ley 20-23 que en su artículo 210, dice que no podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos políticos a cargos de elección popular; se excluyen de la prohibición los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, los cuales podrán desarrollarse conforme dicha planificación, pero no pueden ser aumentados ni los beneficiarios ni los montos asignados a estos. Dicho artículo señala que “los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar ni proselitismo a favor de un partido, agrupación, movimiento político o candidato” que estos no “podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio”.

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