Pese a los cuestionamientos debido a la cantidad de recursos del Estado que ha manejado el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ocupándose de procesos de compras y contrataciones, este órgano sigue desempeñando esas funciones para algunas instituciones públicas.
La semana pasada, el Defensor del Pueblo dio a conocer que el PNUD se comprometió a retomar los trabajos de construcción de la sede de ese órgano constitucional, detenido por incrementos de costo y cambios en la estructura física para poder cumplir con la demanda de Pablo Ulloa, quien es el nuevo titular.
El año pasado, después de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitiera una circular advirtiendo a las instituciones estatales que la delegación de la gestión de los procesos de compras no está previsto en la Ley de Compras y Contrataciones, el Defensor firmó una carta compromiso con el PNUD para la prestación de servicios de apoyo.
Lo que contempla el contrato
Por su naturaleza de órgano extra poder, las disposiciones de Contrataciones Públicas no son vinculantes al Defensor del Pueblo, según lo dejó establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia TC-0171-16 y ha sido confirmada por la propia DGCP.
El actual defensor Pablo Ulloa y la representante del PNUD, Inka Mattila, firmaron en octubre de 2021 una carta de acuerdo, una extendiendo una adenda a un contrato firmado desde la administración de Zoila Martínez Guante, en el cual se contempla la construcción, equipamiento y amueblamiento de la sede central por US$5,373,292.83.
En esta adenda, a petición del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, se modificó el proyecto inicial para que en vez de un edificio de dos pisos, la sede central sea de tres y se contemplan otros aspectos que anteriormente no se habían hecho, así como ajustar la construcción a la realidad que se vive como fruto del alza generada de precios de los materiales de construcción y la inflación.
De acuerdo con los documentos que se encuentran publicados en el portal del Defensor, en 2018 Martínez Guante, defensora, y Lorenzo Jiménez de Luis, coordinador de PNUD , irmaron el convenio para dotar al Defensor del Pueblo de infraestructuras físicas adecuadas para llevar a cabo su labor. Ese primer acuerdo fue por US$3,628,800 para la construcción, amueblamiento y equipamiento de la sede central, así como remodelación, amueblamiento y equipamiento de una oficina en Santo Domingo Este y otra en Santiago.
En diciembre de ese año se firma una enmienda de US$1,391,040 para construir las dependencias en Puerto Plata, Barahona, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Montecristi. En tanto que en marzo de 2019 se firma una segunda enmienda de US$1,200,000 para incluir sedes en Peravia, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Higüey, Samaná y Moca, provincia Espaillat. Este proyecto estaba previsto que concluyera en diciembre de 2019 pero debido a los cambios se extendió su tiempo de vigencia hasta diciembre de 2021.
Millones manejados por PNUD en el 2020
En un reportaje realizado por Julissa Céspedes en el programa de investigación, Reporte Especial, se reveló que más de 237 millones de dólares que han sido transferidos por el Estado dominicano al PNUD para ser asistido en procesos de transparencia en la gestión y desarrollo, solo en el año 2020, no estarían transparentados para el público y supondría una violación de orden constitucional debido a que el organismo internacional asumiría funciones que le corresponden a entidades legalmente constituidas para tales fines. Otra de las cuestionantes de los contratos firmados por diversas instituciones gubernamentales, es el hecho de que los procesos llevados por el PNUD no están regulados por la ley de compras y contrataciones.
