Los partidos de oposición enviaron respectivas comunicaciones de duras críticas al órgano electoral
La Junta Central Electoral (JCE), luego del éxito que logró en el montaje y resultado de las elecciones del 18 de febrero pasado, arranca su trabajo de arbitraje bajo la presión de los partidos de oposición que le exigen asumir su rol para evitar la compra de votos y el uso de los recursos públicos para supuestamente favorecer al partido de gobierno.
Pero la única presión que tiene el órgano electoral para que imponga la autoridad sobre el mismo tema no es solo de los partidos, también de los organismos de observación electoral, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Participación Ciudadana, que en sus informes de observación consigna la compra de votos en los colegios electorales.
Los partidos se quejan de la inacción de la JCE ante la denuncia del uso de los recursos públicos y en la pasada campaña electoral, sin que el órgano actuara para frenar el tema. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó una denuncia con seis casos documentados el 11 de enero pasado, pero fue el 4 de febrero, dos semanas antes de las elecciones y a 12 días del cierre de la campaña, que el presidente de la JCE, Román Jáquez, informó que el tema sería investigado.
Los partidos critican la inacción de la JCE ante la supuesta compra de votos en los recintos de votación y la inacción de la Policía Militar Electora. En tal virtud han pedido la destitución de ese funcionario y la del supervisor de juntas electorales.
Hasta el momento, la JCE no ha informado del resultado de esa investigación que contenía seis casos de supuesto uso de los recursos del Estado.
El informe de la OEA establece la necesidad de combatir la práctica de la compra de votos. “La Misión reitera de manera enfática la necesidad de combatir la perniciosa práctica de compra de votos”, acotó.
El informe señala que no es solo un delito, sino que eso socava el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral.
“La MOE/OEA insiste en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicarla. Su erradicación es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, electorales, policiales y judiciales, así como de los propios partidos políticos y de la ciudadanía en general”, refirió en el documento.
De su lado, la coordinadora general de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez, instó a la JCE que, de cara a las votaciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, a buscar la manera de que no vuelva a suceder lo que se vio en las afueras de los centros de votación en los comicios municipales del 18 de febrero, donde había una abierta campaña electoral, de todos los partidos, e inclusive, con carpas instaladas.
Sánchez Padilla dijo que el órgano comicial está en la obligación de corregir esa situación e impedir que no suceda el próximo mes de mayo, tal y como se lo hicieron saber en su informe de observación del citado certamen.
Sostuvo que otra recomendación que hacen al órgano comicial es lo inherente al entrenamiento de la Policía Militar Electoral que, en las pasadas votaciones, solo se limitó a lo que pasó a lo interno de los recintos.
“Sin embargo, frente a la cara de ellos, frente a la puerta de los recintos, se veían una gran cantidad de personas que no estaban en filas para votar, estaban haciendo campaña, comprando y vendiendo cédulas, que fue obvio a los ojos de todo el mundo”, dijo Sánchez recientemente.
Asignación y distribución fondos
Según el presupuesto asignado por la JCE a los partidos para este año electoral el monto correspondería RD$2,520 millones, pero la oposición alega que la suma asciende a 5 mil millones 111 mil 750 millones de pesos.
“El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, pretende recortar esos fondos a la mitad violando de manera descarada la Constitución y la Ley del Régimen Electoral con la evidente intención de asfixiar a los partidos políticos de oposición”, afirman los candidatos presidenciales de la oposición en una dura comunicación enviada al pleno de la JCE.
Sobre la dinámica de distribución de los fondos, la JCE dispuso mediante la resolución 6-2024 en su artículo tres, solo entregar el 40% del monto correspondiente en los meses de enero, febrero, marzo y abril y el 60% restante entre mayo y diciembre de este año.
Sobre ese particular, los candidatos de oposición hicieron críticas a la JCE. “Además de que el monto asignado incumple con los dispuesto por la ley del Régimen Electoral, el calendario de distribución propuesto por la JCE en la referida resolución rompe con la práctica establecida de entregar los referidos fondos a los partidos en el periodo correspondiente a los meses entre enero y abril del año electoral”, apuntan.
PRM no ha reaccionado a acussación opositora
El partido de gobierno no ha respondido a las acusaciones que hace la oposición del supuesto uso de los recursos del Estado ni a la advertencia de una crisis postelectoral si no respetan las garantías y mantienen la actitud que, dice la oposición, es antidemocrática. La JCE tampoco ha respondido a las exigencias de los partidos de oposición sobre las condiciones que exige para participar en las elecciones congresuales y municipales del 19 de mayo. La JCE dejó pendiente pronunciarse sobre varios temas en el marco de la campaña municipal como las denuncias que hicieron los partidos de oposición sobre el uso de los recursos públicos supuestamente para beneficiar al PRM.
