El coronel de la Policía Nacional Ramón Antonio Guzmán, jefe de la avanzada de Luis Abinader, se querelló contra cinco fiscales, a quienes acusa de perseguirlo y apresarlo con el propósito de involucrar al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en un supuesto sabotaje a las elecciones municipales del pasado 16 de febrero.
Guzmán Peralta depósito ayer la querella ante la Inspectoría General del Ministerio Público a través de sus abogados. Señala que fue acusado de tráfico de armas, terrorismo y lavado de activos y de tener información de un supuesto sabotaje del voto automatizado, lo que provocó la suspensión de los comicios.
La Defensa del coronel Guzmán, compuesto por los abogados Antoliano Peralta y Luis Soto, solicitó un procedimiento disciplinario mediante el cual los fiscales Joan Alcántara, Milcíades Guzmán, José Guillermo Soriano, Fernando Quezada y Edward López Ulloa sean sancionados conforme a la gravedad de los hechos, y específicamente que sean destituidos de los cargos que ocupan.
De acuerdo a la denuncia, los fiscales actuaron contrario al régimen disciplinario del Ministerio Público, en la medida en que solicitaron y ejecutaron una orden de arresto y allanamiento sobre la base de una falsa información, al decirle al juez de Atención Permanente que el coronel Guzmán “Desde hace varios años estaba siendo investigado por tráfico de armas de fuego en todo el territorio dominicano, así como lavado de activo y terrorismo”.
“En este caso también queda claro que los fiscales cometieron faltas disciplinarias, porque inobservaron el mandato constitucional de garantizar los derechos fundamentales, y, por el contrario, mintieron al juez en la solicitud de orden de arresto y allanamiento y la ejecutaron a sabiendas de que estaba motivada en falsos presupuestos, todo ello con propósitos ajenos a la buena justicia”, expone el consejo legal del coronel Guzmán Peralta
El alto oficial de la Policía, quien había sido asignado como escolta de Luis Abinader, estuvo detenido desde el 17 al 20 febrero por una orden de arresto y allanamiento del juez de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo, para responder por una investigación en relación a delitos como tráfico de armas, terrorismo y lavado de activos.
El magistrado dispuso la libertad del oficial, luego de que los fiscales informaran que retiraban los cargos de la investigación, atendiendo a una solicitud del Poder Ejecutivo, para que la OEA realizara la investigación. “Esto ocurrió, después de haber transcurrido más de 48 horas, que es el plazo constitucional en que el ciudadano Guzmán Peralta debió haber sido puesto en libertad”, indicó la Defensa de Guzmán.
